El Congreso vota a favor de la posible derogación de la prisión permanente revisable

Con el apoyo de PSOE, Unidos Podemos, y, en general, de casi todos los partidos de la cámara salvo Ciudadanos y el Partido Popular, el Congreso ha dado vía libre para que se derogue la fórmula de cumplimiento penitenciario conocida como “prisión permantente revisable” (PPR).

La prisión permanente revisable permite alargar la duración efectiva de las penas de cárcel para determinados delitos especialmente graves, de manera que algunos consideran que, en la práctica, equivale casi a una “cadena perpetua”. Desde sectores de izquierdas se considera que esta medida “va directamente en contra” de los principios constitucionales, y, en particular, del artículo 25.2 de la carta magna, que afirma que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social…”  Los partidarios de esta medida, por el contrario, afirman que en ningún caso se prevé una prisión indefinida, puesto que hay límites temporales concretos de cumplimiento, y, además, siempre existe la posibilidad de revisar la estancia en prisión, de manera que la finalidad de reeducación y reinserción social que tiene la pena se mantiene inalterada.

El Congreso, al rechazar las enmiendas de PP y Ciudadanos tendentes a ampliar el ámbito de aplicación de esta figura, abre así la puerta a la próxima derogación de los artículos del Código Penal que regulan la PPR.

La decisión del Congreso levanta una fuerte controversia social. Numerosas encuestas afirman que la mayoría de los españoles apoya no solo la PPR, sino directamente la cadena perpetua para los delitos más graves, y llega en un momento de especial sensibilidad social tras algunos asesinatos especialmente sonados mediáticamente.

Según Simple Lógica, los jóvenes españoles parecen incluso más favorables que los mayores al endurecimiento de las medidas penitenciarias.

Hasta el último momento ha habido presiones hacia el PSOE para que recitificara en una decisión que podría suponerle un cierto coste electoral. Los socialistas, sin embargo, han decidido mantener su posición “por coherencia”,  y porque “los razonamientos técnicos y jurídicos están de nuestro lado” sin atender a argumentos como el de Ciudadanos, que sostiene que la decisión debe quedar en suspenso al menos hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el asunto. Los socialistas interpusieron un recurso hace tres años contra la implantación de la PPR por el Partido Popular, que aún está pendiente de resolución.

@josesalver