El Gobierno rechaza la moción que pide Puigdemont porque Sánchez tiene la confianza de la mayoría de españoles

Consecuencias de la denegación de la confianza parlamentaria

El apartado 1 de este artículo determina los efectos de la desaprobación de una cuestión de confianza: dimisión del Gobierno, seguida del proceso para la formación de uno nuevo con arreglo a las normas del artículo 99 de la Constitución. Lo primero significa no otra cosa que el cese de todo el Gobierno, consecuencia de que este resultado testimonia que falta el elemento clave del sistema parlamentario: el apoyo mayoritario de la representación popular al Gobierno.

Existe una cierta discrepancia entre este artículo y el 99 CE. Según este último, la confianza inicial se transmite al Presidente del Gobierno, por lo que en puridad sólo podría retirarse al mismo. Sin embargo, el artículo 114 contempla efectos colectivos para la cuestión de confianza: todo el Gobierno resulta alcanzado. En realidad, nada distinto habría ocurrido si este artículo se hubiese limitado a disponer la dimisión del Presidente del Gobierno. En ese caso, y por aplicación del artículo 101.1, el cese se habría extendido a los demás miembros del mismo. Tal vez esta incoherencia vino propiciada por la referencia a la responsabilidad solidaria del Gobierno que sienta el artículo 108.

De todas formas, el artículo 174.6 del Reglamento del Congreso señala que “cualquiera que sea el resultado de la votación (de la cuestión de confianza), el Presidente del Congreso lo comunicará al Rey y al Presidente del Gobierno”.

A partir de ese momento, y si la confianza ha sido desestimada, el Gobierno se transforma entonces en Gobierno en funciones, tal y como recoge el artículo 101.2 de la Constitución. El Rey deberá abrir las consultas con los representantes de los grupos políticos del Congreso y seguir los trámites conducentes a la investidura de un nuevo Presidente, siguiendo lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución. Si la cuestión resulta aprobada, el trámite se agotará con la comunicación señalada.

El artículo 21 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, detalla los efectos del Gobierno en funciones. Lo más relevante es que debe limitar “su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”. Si bien no es momento de entrar en el análisis de la delimitación de las facultades del Gobierno en funciones, cabe remitirse a lo establecido en el comentario al art. 101 CE. No sin ello hacer mención al conflicto constitucional planteado entre el Gobierno en funciones y el Congreso de los Diputados en la XI Legislatura.

Del artículo comentado se deduce que queda excluida la posibilidad de decretar la disolución de las Cámaras a raíz de una denegación de confianza parlamentaria, posibilidad que, en cambio, tuvo gran predicamento en el parlamentarismo clásico, como medio de saldar una desavenencia entre el Legislativo y el Ejecutivo: las subsiguientes elecciones permitían que el electorado resolviese el conflicto entre ambos poderes. Esto resulta confirmado por el apartado 4.a del mencionado artículo 21 de la Ley del Gobierno.