El juez cita a los fiscales querellados por el novio de Ayuso por revelación de secretos

El magistrado Francisco José Goyena, que instruye la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras la querella presentada por el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que se hicieran públicos parte de sus datos fiscales, ha citado a declarar el próximo lunes como investigados a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, y al fiscal de la Sección de Delitos Económicos, Julián Salto Torres, según informan fuentes jurídicas a esta redacción.

González Amador les acusa de haberle atacado “como instrumento para alcanzar” a su pareja sentimental, en clara referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La citación se produce tras la declaración como testigo de la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, quien, según fuentes jurídicas, relató al instructor que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le había enviado un mensaje de WhatsApp asegurándole que la nota de prensa con datos sobre el acuerdo que el empresario pretendía alcanzar para evitar ir a juicio por fraude a Hacienda había sido consensuada con la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, y con la decana de Delitos Económicos de Madrid, Virna Alonso Fernández.

Precisamente, el fiscal general del Estado presentó la semana pasada un escrito ante el TSJ madrileño en el que asumía la responsabilidad última de la publicación de la nota de prensa que, según su versión, “desmentía informaciones falsas” en relación con González Amador, quien también está citado a declarar como investigado el próximo lunes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid por dos delitos contra la Hacienda Pública y uno de falsedad documental.

Por ello, García Ortiz considera que las pesquisas no deberían seguir en manos del magistrado del TSJ madrileño, sino que el competente debe ser el Tribunal Supremo, órgano judicial en el que está aforado el fiscal general del Estado.