La ley para delegar competencias de inmigración a Cataluña llega al Pleno del Congreso, con Podemos decidida a frenarla

La proposición de ley pactada entre el PSOE y Junts para delegar parcialmente a Cataluña competencias en materia de inmigración llega este martes al Pleno del Congreso con Podemos decidido a tumbarla, al considerarla un texto “racista”.

Este acuerdo fue cerrado el pasado marzo, después de que Junts retirara una iniciativa que instaba al presidente Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza.

Desde su presentación, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, anunció su rechazo, calificando la iniciativa como “racista” y “anti inmigración”. “No se hará con nuestros votos”, ha reiterado desde entonces.

Pese al riesgo de que no prospere, Junts ha decidido llevar la proposición al Pleno para no perder su cupo parlamentario, al no haber registrado otra iniciativa legislativa, según fuentes socialistas.

Si no se aprueba, supondría un nuevo revés para el Gobierno, tras el rechazo a la ley para reducir la jornada laboral y el fracaso en la tramitación de la ley de Sumar para crear una Agencia Anticorrupción.

En esta ocasión, la clave estará en el voto de Podemos. Junto a PP, Vox y UPN, sumarían 175 votos, justo la mitad del Congreso. Si Podemos mantiene su rechazo, el texto quedaría rechazado en caso de empate, como establece el Reglamento del Congreso.

Además, existen dudas sobre el voto de otros diputados de Sumar. Alberto Ibáñez (Compromís) expresó su rechazo, y desde IU se señalaron referencias “xenófobas” en el texto. Más Madrid también expresó reservas.

La proposición permite que la Generalitat gestione los CIE y la devolución de extranjeros con prohibición de entrada, y que los Mossos d’Esquadra participen en la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas, junto a Guardia Civil y Policía Nacional.

Asimismo, Cataluña sería “ventanilla única” para autorizaciones de residencia, expedirá documentos de identidad y verá incrementada su plantilla policial en 1.800 agentes.

La comunidad también ejercería la competencia sancionadora en procedimientos de expulsión, determinaría el contingente de trabajadores en origen, y los Mossos asumirían funciones contra la trata y explotación de seres humanos.

Para que esta delegación sea efectiva, el Estado transferirá “los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios” para implementar un modelo propio en Cataluña con capacidad de incidir en la legislación europea y española.

La delegación se fundamenta en el artículo 150.2 de la Constitución, que permite transferencias de competencias estatales a comunidades autónomas.

En el texto se justifica esta cesión por la alta presencia de población inmigrante en Cataluña (18% extranjera y 24% nacida fuera), y por su capacidad histórica de integración en el modelo de “catalanidad”.