El PP insta al Gobierno a reformar el sistema de financiación autonómico

El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una moción consecuencia de interpelación con la que pretenden apremiar al Gobierno de Pedro Sánchez a retomar, en el marco de la Conferencia de Presidentes, los trabajos para reformar el sistema de financiación autonómica y local.

Los de Pablo Casado llevaron esta semana al Pleno de la Cámara Baja una interpelación a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que explicara el problema de la financiación actual y futura de las Comunidades Autónomas.

Ahora, los ‘populares’ han decidido transformar esta interpelación en una moción, que se debatirá y votará en el Congreso la semana después de las elecciones catalanas del 14 de febrero, y en la que buscan forzar a la Cámara a posicionarse en este sentido para urgir al Gobierno a convocar esta reunión con los mandatarios autonómicos para acometer la reforma de financiación.

La última reunión de Conferencia de Presidentes se celebró el pasado 26 de octubre de 2020 para debatir sobre los fondos europeos, ya que contó también con la presencia telemática de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a convocar este órgano de trabajo de manera mensual, si bien han pasado ya más de tres meses desde la última reunión.

REPARTO DE LOS FONDOS EUROPEOS

Además, piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez que apruebe los mecanismos que sean necesarios para que las Comunidades Autónomas no tengan que abonar a la Administración Central el saldo negativo que se generará en 2022 y 2023.

Otro de los puntos que piden los ‘populares’ es que se apliquen los mismos criterios y ponderación que ha utilizado Europa para el reparto de los fondos europeos entre los distintos estados miembro, al reparto de esos fondos entre las Comunidades Autónomas, “eliminando el factor discrecional que amenaza la buena gestión y el reparto justo de esos fondos”.

Por último, en la iniciativa también se insta al Gobierno a respetar y garantizar la autonomía de las CCAA para que, en el ámbito de las competencias que tienen transferidas, “puedan establecer libremente su política fiscal y tributaria”.