El instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado la petición de las acusaciones populares lideradas por el PP de enviar a prisión provisional al exministro de Transportes José Luis Ábalos tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que revela “ingresos irregulares”, al coincidir con la Fiscalía en que lo pertinente es mantener las medidas cautelares vigentes: prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencia periódica en sede judicial.
Así lo ha acordado el magistrado tras la vistilla celebrada este miércoles para revisar las medidas cautelares de Ábalos, después de que el exministro se acogiera a su derecho a no declarar alegando sentirse indefenso tras las discrepancias con su abogado, José Aníbal Álvarez —quien le acompañó en el trámite—.
En las otras tres ocasiones Ábalos había optado por declarar, y su abogado proyectaba que lo hiciera también este miércoles; sin embargo, las diferencias entre ambos ya eran “irreconducibles”, señaló el exdirigente socialista al Supremo, manifestando su deseo de renunciar al letrado. Puente no permitió tal renuncia alegando que podría tratarse de un “fraude de ley” para eludir esta nueva cita.
Durante su intervención, Ábalos sostuvo que sería un “fraude de ley” renunciar al acta de diputado para que la causa quedara bajo la competencia de otro tribunal (Audiencia Nacional). En ese momento Puente le interrumpió para recordarle que “esto no es el Congreso” y que si decidía no declarar no era preciso hacer un alegato.
En la vistilla de medidas cautelares, la Fiscalía —igual que en junio— pidió que se mantuvieran las medidas actuales (firmas quincenales, prohibición de salir del país, retirada de pasaporte), estimando que pese al reforzamiento de los indicios no se han alterado las circunstancias que justificarían prisión provisional. La defensa de Ábalos también se opuso a la petición de las acusaciones populares, calificando la reclamación de finalidad “política”.
Las acusaciones populares, salvo ADADE, solicitaron que el exministro fuese internado en prisión (preferiblemente no en Soto del Real) o alternativamente que se impusiera una fianza de 650 000 euros, argumentando que aún no se ha localizado el dinero de las presuntas mordidas.
Según el informe de la UCO, Ábalos cargó 95 437,33 euros en efectivo sin respaldo bancario, incluidos 20 799,40 euros en gastos personales, atribuidos a una fuente de ingresos no declarada. Ese documento también alude a que el PSOE pagó al exministro con sobres en metálico, algunos con respaldo documental, otros no. Además, se describe una supuesta “intersección patrimonial” entre Ábalos y su exasesor Koldo García, mediante gestiones opacas de pagos y fondos.
El magistrado mantiene que podría existir una coordinación no transparente entre ambos implicados, recibiendo ingresos irregulares desde diversas procedencias, posiblemente vinculados a comisiones por adjudicaciones que ahora están bajo investigación penal.
