El Tribunal de Cuentas tiene previsto fiscalizar durante este recién estrenado 2021 el grueso de las medidas adoptadas por los organismos públicos frente a la pandemia del coronavirus durante el estado de alarma y las relativas a la reestructuración económica aplicadas con posterioridad.
El Tribunal de Cuentas informa de que el programa de fiscalizaciones para este año, aprobado por el Pleno el pasado 22 de diciembre, contempla la revisión de los contratos de emergencia acordados para hacer frente a la urgencia sanitaria tanto por parte de los ministerios como de las comunidades autónomas, ayuntamientos o el sector público empresarial.
En un comunicado, el organismo que dirige María José de la Fuente y de la Calle también apunta que fiscalizará la gestión en las residencias de mayores, así como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) tramitados durante la crisis sanitaria.
El programa también incluye el análisis y estudio de la gestión del transporte de viajeros, los sistemas de información salud pública, el grado de ejecución de los fondos estructurales, las ayudas a entidades para la fabricación de dispositivos médicos, equipos de protección personal y productos considerados de emergencia o la implementación del teletrabajo.
