El Tribunal de Cuentas ha examinado las denuncias presentadas por la adquisición de un ático de lujo en el distrito madrileño de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid, una operación realizada a través de la empresa pública Planifica Madrid por un importe de 6,3 millones de euros. El procedimiento busca determinar si la compra pudo ocasionar un perjuicio a los fondos públicos y si existen motivos para exigir responsabilidades contables a las personas que participaron en la operación.
El órgano fiscalizador abrió las actuaciones después de recibir varias denuncias que cuestionaban la justificación económica y administrativa de la adquisición. Las denuncias plantean la posible existencia de un uso indebido de fondos públicos y de un perjuicio patrimonial derivado de la compra del inmueble. El Tribunal de Cuentas inició los trámites para decidir si correspondía designar un delegado instructor encargado de investigar los hechos o archivar las actuaciones.
La operación se remonta a abril de 2026, cuando Planifica Madrid formalizó la compra del ático situado en el paseo del General Martínez Campos. La adquisición fue conocida públicamente a finales de julio y provocó las críticas de los partidos de la oposición, que reclamaron explicaciones sobre la necesidad de destinar una cantidad tan elevada de dinero público a un inmueble de características residenciales.
Entre las cuestiones señaladas por los denunciantes figuran la ausencia de una justificación previa suficientemente documentada, las dudas sobre los controles administrativos aplicados y las diferencias entre el precio de adquisición y la valoración del inmueble. También se ha cuestionado si existió una autorización específica del consejo de administración de Planifica Madrid para llevar a cabo la operación.
El PSOE y Más Madrid presentaron actuaciones ante el Tribunal de Cuentas para esclarecer las circunstancias de la compra y determinar si se produjo un menoscabo de los recursos públicos. Los denunciantes consideran necesario identificar quién impulsó la adquisición, qué órganos participaron en la decisión y cuáles fueron los mecanismos de supervisión económica utilizados.
Las dudas sobre el coste de la operación
Uno de los principales elementos de controversia es el importe total desembolsado por la empresa pública. Aunque el precio de adquisición se situó en torno a los 6,3 millones de euros, los gastos asociados a la compraventa elevaron el coste final de la operación.
Según los cálculos aportados por uno de los denunciantes, el desembolso total ascendió a 6.679.942,65 euros, incluidos impuestos y otros gastos. El abogado Francisco Javier Flores Vaquerizo sostiene que esta cantidad supera en 437.058,46 euros el valor atribuido al inmueble en una tasación, por lo que considera que podría existir un perjuicio económico que debería ser investigado.
La posible existencia de un perjuicio patrimonial constituye una de las cuestiones centrales que los denunciantes solicitan esclarecer. No obstante, las cantidades señaladas forman parte de sus alegaciones y no representan una conclusión definitiva del Tribunal de Cuentas sobre la existencia de responsabilidad contable.
La polémica también se ha extendido al destino previsto para el inmueble. El Gobierno regional explicó inicialmente que el ático podría utilizarse para atender necesidades institucionales durante las obras previstas en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, situada en la Puerta del Sol.
Posteriormente, la Administración autonómica anunció su intención de vender la propiedad y destinar los ingresos obtenidos a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales en la Sierra Oeste madrileña. Sin embargo, el primer procedimiento de venta, con un precio de salida cercano a los 6,7 millones de euros, quedó desierto al no recibir ofertas.
La Comunidad de Madrid defiende la legalidad de la compra
Frente a las denuncias presentadas, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha defendido que la adquisición del ático se realizó conforme a la normativa aplicable y dentro de las competencias de Planifica Madrid.
Los servicios jurídicos autonómicos sostienen que la empresa pública está facultada para adquirir y gestionar inmuebles destinados a cubrir necesidades de la Administración regional. También argumentan que el consejero delegado de la sociedad tenía competencias para formalizar la compraventa y que el precio abonado se correspondía con el valor de mercado.
La Comunidad de Madrid ha solicitado el archivo de las actuaciones al considerar que la operación se ajustó a la legalidad y no ocasionó un deterioro económico a la empresa pública. El Ejecutivo regional también ha rechazado que el inmueble fuera adquirido como vivienda oficial de la presidenta autonómica.
Por su parte, las formaciones denunciantes mantienen que deben examinarse los documentos relacionados con la operación, los informes de necesidad y las decisiones adoptadas por los responsables de Planifica Madrid antes de determinar si procede cerrar el expediente.
El procedimiento ante el Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas inició el procedimiento después de recibir varias denuncias entre agosto y septiembre de 2026. Las actuaciones fueron acumuladas al referirse a una misma operación y a la posible existencia de un perjuicio para los fondos de Planifica Madrid y de la Comunidad de Madrid.
En octubre, el órgano fiscalizador concedió audiencia al Ministerio Fiscal, a la Comunidad de Madrid y a la empresa pública para que se pronunciaran sobre la conveniencia de designar un delegado instructor o proceder al archivo de las actuaciones.
El nombramiento de un instructor permitiría practicar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, examinar la documentación económica y determinar si existen elementos que justifiquen la continuación del procedimiento de responsabilidad contable.
La apertura de actuaciones y la eventual designación de un instructor no implican por sí mismas que se haya acreditado una utilización irregular de fondos públicos. La existencia de responsabilidad contable requiere una investigación y una resolución conforme a los procedimientos legalmente establecidos.
El asunto también ha dado lugar a actuaciones en la jurisdicción penal. Un juzgado de Madrid abrió una pieza separada relacionada con la adquisición del inmueble y solicitó un pronunciamiento de la Fiscalía sobre su competencia para investigar los hechos.
De este modo, la compra del ático continúa siendo objeto de controversia política y jurídica, mientras las distintas partes mantienen posiciones enfrentadas sobre la legalidad de la operación, su justificación administrativa y la posibilidad de que haya provocado un perjuicio económico a los fondos públicos.
