Llega a los juzgados la compra del ático de Chamberí por parte del Gobierno de Ayuso.

La primera denuncia penal presentada ante la Fiscalía por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental se suma ahora el anuncio del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de que el inmueble será vendido para destinar los recursos obtenidos a la reconstrucción de las zonas afectadas por los recientes incendios forestales.

La denuncia, registrada por un particular, solicita que la Fiscalía investigue la adquisición del inmueble, comprado por la empresa pública Planifica Madrid por 6,3 millones de euros. El escrito cuestiona que existiera un interés público suficiente para justificar la operación y pide revisar el expediente de compra, las actas del Consejo de Administración y el posterior cambio de criterio anunciado por el Gobierno regional.

Precisamente ese cambio de posición constituye uno de los principales argumentos de los denunciantes. Según sostienen, si el inmueble va a venderse apenas unos días después de hacerse pública su adquisición, desaparece la necesidad administrativa que habría motivado la compra, lo que, a su juicio, refuerza la conveniencia de investigar si existieron irregularidades.

Mientras tanto, el Gobierno madrileño mantiene que toda la operación se ajustó a la legalidad. El Ejecutivo sostiene que el ático fue adquirido para cubrir necesidades de la Administración durante las obras de la Real Casa de Correos y ha anunciado que finalmente será incluido en un proceso de venta junto a otros inmuebles públicos, destinando la recaudación a financiar la recuperación de las zonas afectadas por los incendios.

El anuncio no ha frenado las críticas de la oposición. Más Madrid ha acusado al Ejecutivo autonómico de rectificar únicamente tras conocerse la operación y ha afirmado que la venta responde a la presión pública. El PSOE también ha calificado el cambio de criterio de “maniobra de propaganda”, al considerar que el Gobierno regional intenta cerrar la polémica vinculándola a la reconstrucción tras los incendios.

Corresponderá ahora a la Fiscalía decidir si admite a trámite la denuncia y abre diligencias para determinar si existen indicios de delito o si procede archivar las actuaciones. Mientras tanto, la compra y el posterior anuncio de venta mantienen el foco político sobre la gestión patrimonial del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.