Eslovaquia vota su referéndum sobre Fico

Eslovaquia acude este sábado 4 de julio a las urnas para un referéndum de dos preguntas que, más allá de su literalidad técnica, se ha convertido en un plebiscito sobre la clase política que gobierna el país desde 2023. La consulta llega en un momento de fuerte polarización interna y observación europea, con el primer ministro Robert Fico como referencia inevitable, aunque su nombre figure formalmente en una sola de las papeletas.

Una consulta nacida de la calle

El referéndum eslovaco del 4 de julio no procede del Gobierno ni de la oposición parlamentaria, sino de una iniciativa ciudadana impulsada por Demócratas, formación proeuropea extraparlamentaria liderada desde su fundación por antiguos cargos del gabinete Heger. La petición reunió 363.799 firmas válidas, por encima del listón constitucional de 350.000 exigido para forzar la convocatoria, según la certificación remitida por la Oficina de la Presidencia el pasado abril.

El presidente Peter Pellegrini, elegido con el apoyo de Smer-SD y Hlas, firmó el Decreto 60/2026, de 20 de abril, fijando la fecha del 4 de julio. La elección del día no fue casual: garantiza los 52 días de antelación que la ley eslovaca exige para el registro del voto por correo, un margen que la propuesta inicial de los promotores no permitía cubrir.

Las dos preguntas: rentas vitalicias y Fiscalía Especial

La primera pregunta interpela directamente al aparato del poder. Plantea abolir la denominada «renta vitalicia» —doživotná renta en eslovaco— que perciben los primeros ministros y presidentes del Parlamento que hayan ejercido al menos dos mandatos. Se trata de una asignación mensual equivalente al salario de un diputado en activo, regulada por el §24a de la Ley 120/1993. El texto de la papeleta menciona expresamente a Robert Fico como beneficiario, en una decisión de redacción que ha condicionado toda la campaña.

La segunda pregunta pide restablecer la Fiscalía Especial y la Agencia Nacional del Crimen (NAKA), dos organismos disueltos en 2024 por el actual Ejecutivo. Ambos habían liderado durante la etapa anterior la mayor parte de las investigaciones sobre corrupción de alto nivel, y su desmantelamiento —criticado por la Comisión Europea y por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa— es uno de los pilares del choque institucional que enfrenta a Bratislava con Bruselas.

La pregunta que no llegó a la papeleta

El bloque promotor pretendía incluir una tercera cuestión: acortar la legislatura vigente y forzar elecciones anticipadas. Pellegrini la descartó apoyándose en la resolución del Tribunal Constitucional del 7 de julio de 2021, que fijó doctrina al considerar que la Constitución eslovaca no reconoce la vía referendaria para interrumpir un mandato parlamentario en curso. La decisión ha sido leída por sus críticos como un gesto de contención hacia el Gobierno de Fico, aunque desde el Palacio Presidencial se defiende como cumplimiento estricto del marco constitucional.

El fantasma de la participación

El talón de Aquiles de todo referéndum eslovaco es el quórum del 50 %. La consulta solo será vinculante si acude más de la mitad del censo y si la mayoría de esos votos se decanta por el «sí». De las ocho consultas populares celebradas desde la independencia en 1993, únicamente el referéndum de adhesión a la Unión Europea de 2003 ha superado ese doble filtro. La más reciente, en enero de 2021 sobre la posibilidad de acortar el mandato parlamentario, se saldó con un 27 % de participación y fue declarada inválida.

El clima de esta convocatoria juega en dos direcciones. A favor de la movilización operan la personalización del debate en la figura de Fico, el creciente malestar por el desmantelamiento de los organismos anticorrupción y la campaña sostenida de la sociedad civil proeuropea. En contra, el llamamiento del Gobierno a la abstención activa, el desgaste acumulado de instrumentos plebiscitarios repetidamente fallidos y la baja intensidad mediática que suele acompañar a las consultas monotemáticas en pleno inicio del verano.

Lectura europea

Aunque las dos preguntas son de política interna, la consulta se ha convertido en un termómetro del pulso institucional entre Eslovaquia y el resto de la Unión. Un resultado válido y afirmativo obligaría al Ejecutivo a legislar en un sentido opuesto al que ha marcado su acción de gobierno desde 2023, particularmente en materia de justicia. Un fracaso por falta de participación, en cambio, reforzaría la narrativa del oficialismo sobre la desconexión entre la oposición proeuropea y la mayoría social.