La nueva normalidad también era esto: los enfrentamientos entre las grandes potencias por las reformas fiscales y las amenazas de represalias comerciales o de otro tipo.
El motivo de la disputa es la llamada tasa Google que se pretende imponer en diversos países europeos y a la que se opone Estados Unidos. Hace meses, cuando los planes de países como España, Italia, Francia y el Reino Unido empezaban a concretarse, Estados Unidos pidió que nadie tomase medidas unilaterales, sino que se negociase el asunto a través de la OCDE.
Así se hizo en principio, pero ahora los americanos han dado un paso más: el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin ha enviado cartas (eso sí, inidivudalizadamente, país por país, como le gusta hacer a la diplomacia de Trump, sin tomar en consideración en ningún momento a la Unión Europea) instándoles a paralizar cualquier proyecto en este sentido, porque “no tenía sentido en plena pandemia”. Pero ahí no quedó la cosa: en las cartas que han recibido en Madrid, Roma, París y Londres se indicaba expresamente que aquel país que adoptase medidas unilaterales debería exponerse a las oportunas represalias de los Estados Unidos, cuyas empresas se verían perjudicadas. La respuesta de los cuatro destinatarios ha sido coordinada, y ya se ha enviado de vuelta en forma de cuatro misivas con el mismo contenido.
María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, destinataria española de tan particular correo, ha manifestado que “no vamos a aceptar amenazas de ningún tipo” y que los planes seguirán adelante. Similares declaraciones han realizado los ministros responsables de los otros países implicados.
Recordemos que la mal llamada “tasa” Google es en realidad un impuesto, que se llamará probablemente Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD). El tributo está diseñado para gravar fundamentalmente a las grandes empresas del sector (Facebook, Apple, Neflix, HBO, Amazon, etc, etc) que prestan servicios globales que escapan en su mayor parte a la fiscalidad de los países afectados). La recaudación prevista en España, que inicialmente era superior a 1.000 millones de euros, ahora se ha rebajado ligeramente, pero aún así los planes gubernamentales la llevan a una cifra superior a los 900 millones.
La amenaza de aranceles y represalias para las empresas de los países implicados es una estrategia habitual por parte de la administración Trump, que ha empleado en varias ocasiones para avanzar en sus negociaciones con otros países y presionar para conseguir mejores posiciones para sus propias empresas. Hasta ahora Europa no se había visto afectada tan de lleno, pero en un año electoral como el que afronta Estados Unidos, todo gesto de fortalecimiento interno podrá ser utilizado por la administración norteamericana en su favor, por lo que no se puede descartar que aumente la presión conforme se acercan las elecciones presidenciales de noviembre.
