El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Comisión Europea que no entre en vigor el acuerdo de Mercosur si no hay “plena certeza” de que se aprobarán las “garantías que necesita el campo español”.
En un mensaje en la red social ‘X’, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha dicho comprender que la situación geoestratégica aconseja formalizar esa alianza entre la UE y América Latina, pero ha indicado que la posición del PP “no ha cambiado”.
LAS GARANTÍAS QUE PIDE EL PP
Así, ha explicado que la entrada en vigor de Mercosur solo puede producirse una vez que se apruebe “un procedimiento para que las cláusulas de protección sean automáticas”; “el refuerzo de los controles en frontera”; y “la reducción de las actuales exigencias a los agricultores que impone Europa y el gobierno central”.
Feijóo ha asegurado que Vox, BNG y los independentistas “complicaron” este miércoles la aprobación de esas garantías. “Y es un error. Pero sin ellas, el PP no puede apoyar la aprobación provisional del tratado. Así no”, ha apostillado.
Por todo ello, el jefe de la oposición ha solicitado “formalmente al Gobierno de España y a la Comisión la no entrada en vigor de Mercosur hasta que haya plena certeza de que se aprobarán las garantías que necesita el campo español”.
AYUSO TAMBIÉN PIDE NO ACTIVARLO SIN PROTEGER EL CAMPO ESPAÑOL
También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este jueves a la Comisión Europea que no active el acuerdo con Mercosur hasta que “se garantice la protección” de los agricultores y ganadores españoles.
Los eurodiputados de Vox y de formaciones españolas de izquierda como Sumar, ERC y BNG apoyaron este miércoles en Bruselas la propuesta de denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que retrasará su tramitación, mientras que los de PP, PSOE, PNV y los dos elegidos en la lista de Se Acabó La Fiesta (SALF) que encabezó Alvise votaron en contra de esa iniciativa en el Parlamento Europeo.
La propuesta de pedir un dictamen jurídico sobre el tratado al Alto Tribunal Europeo, formulada por grupos de izquierda ante las dudas por la compatibilidad del derecho comunitario, ha salido adelante con una diferencia de apenas diez votos de diferencia.
En la práctica, esta resolución implica la suspensión del proceso de ratificación del pacto, pero no necesariamente de su aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea.
