El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo, se mantiene en su rechazo a la proposición de ley de reforma de la Ley de Extranjería si el Gobierno no acepta las exigencias que el Grupo Popular remitió hace una semana al Gobierno y que pasan, entre otras cuestiones, por la declaración de emergencia migratoria y la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para atender la crisis migratoria. En cualquier caso, fuentes de la cúpula del PP han indicado a Europa Press que no está fijado el sentido de su voto y se lo reserva hasta el “último minuto”.
El Pleno del Congreso acogerá el martes 23 de julio el debate de toma en consideración de la proposición de Ley para reformar la Ley de Extranjería que PSOE, Sumar y Coalición Canaria registraron hace cinco días con el objetivo de fijar como obligatorio el reparto de menores cuando haya colapso en Canarias como sucede en este momento. A los promotores de esta iniciativa les bastaría una abstención del Grupo Popular para que la norma arrancase su tramitación parlamentaria.
Los ‘populares’ consideran que la inmigración irregular es un “problema de Estado” que exige “un plan nacional de migración”. “Nuestras fronteras son, en este momento, las más permeables de la Unión Europea. El efecto llamada que estamos trasladando es evidente”, avisó Feijóo hace unos días.
En este contexto, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, ya trasladó vía WhastApp hace una semana al ministro de Política Territorial del PP, Ángel Víctor Torres, un documento con siete exigencias para poder contar con el apoyo de su formación a la proposición de ley del Congreso.
LAS CONDICIONES QUE EL PP REMITIÓ AL MINISTRO TORRES
En concreto, el PP plantea declarar la emergencia migratoria “para todo el territorio nacional”, no solo para Canarias, Ceuta y Melilla; ofrecer financiación a las CCAA; implicación del Gobierno en la gestión de menores; mayor control de las fronteras; negociaciones con Europa para que tome medidas; inversiones y acuerdos con los países de origen.
Además, el PP pone como exigencia que el reparto sea siempre para todas las autonomías, sin excepción, tras el rechazo de Junts en Cataluña. “Debe quedar reflejado en la proposición de ley, de forma que no pueda evitarse posteriormente mediante transferencias de competencias en inmigración a ninguna CCAA tal y como se ha expresado en las últimas semanas”, dice el PP en el documento remitido a Torres.
“Si el Gobierno lo que quiere es poner parches y, además de repartir menores, repartir el problema, que no cuente con nosotros”, señalan fuentes del PP, que sostienen que lo primero que tendría que haber hecho el Gobierno es presentar un proyecto de ley, en lugar de una proposición de Ley para que el texto viniese con informes jurídicos consultivos que pusieran luz sobre las medidas que propone el PSOE.
Además, el PP considera que si de verdad hubiese voluntad de poner en marcha un política de Estado sobre inmigración habría convocado una Conferencia de Presidentes e intentaría consensuar una ley tanto con las CCAA como con el principal partido de la oposición, añaden las mismas fuentes.
Por el momento, el PP mantiene la incógnita sobre cuál será el sentido de su voto en la toma en consideración de la proposición de ley el martes en el Pleno del Congreso. “Esta ley tiene margen de mejora que hay que explorar para tener nuestro aval”, indican a Europa Press fuentes de la formación.
