Cuando todavía está pendiente la resolución de litigios sobre 344 mesas correspondientes a las elecciones presidenciales peruanas celebradas el pasado domingo, la Fiscalía anticorrupción de Perú solicita que Keiko Fujimori ingrese en prisión por haber tenido comunicación con testigos relacionados con el caso de corrupción por el que fue investigada y condenada en su momento. Fujimori pasó más de un año en prisión en 2018 y 2019 como consecuencia de la condena por financiación ilegal de sus campañas.
En este momento, con el recuento del 99,998% de las mesas procesado, su rival Pedro Castillo la aventaja en 71.500 votos y cuatro décimas (50.2 vs 49.8%), por lo que sería matemáticamente el ganador. La la única esperanza de victoria que le queda a la candidata de Fuerza Popular sería un vuelco en los datos de las 344 mesas impugnadas, así como su demanda de revisión de otros 200.000 votos según ella certificados irregularmente en áreas fuertemente favorables para Castillo.
Con el frente electoral completamente perdido en el terreno del recuento, y con pocas posibilidades de triunfar por las impugnaciones, Fufimori ve ahora cómo se le reabre el judicial, que la investiga por recibir fondos de varias empresas, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht, para sus campañas de 2011 y 2016. La Fiscalía considera que la acusada ha incumplido las reglas de la libertad condicional que se le marcaron judicialmente mientras se mantiene la investigación de su conducta anterior. Entre ellas está la prohibición de comunicarse con testigos vinculados al caso. Fujimori apareció públicamente este miércoles con Miguel Torres, testigo en la causa, que hace las veces de portavoz de la formación política de Keiko Fujimori: Fuerza Popular.
Puesto que cualquier incumplimiento de las restricciones impuestas a una persona que se encuentre en libertad condicional puede suponer la revocación de esta, se cree que en las próximas horas el juez convocará una audiencia para decidir si la candidata tiene que volver a ingresar en la prisión. Fujimori afronta una petición de la fiscalía de más de 30 años de cárcel por presunto lavado de dinero. Esta acusación habría sido sobreseída de haber resultado presidenta electa, pues una victoria electoral le habría proporcionado inmunidad respecto de esos delitos cometidos con anterioridad.
