El Gobierno, junto a sus socios parlamentarios, ha presentado una propuesta de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados con el objetivo de sancionar a los denominados “agitadores ultras” que, bajo la apariencia de periodistas, han estado perturbando el normal desarrollo de las actividades parlamentarias y el trabajo de los medios de comunicación legítimos.
Esta iniciativa surge en respuesta a las crecientes quejas de asociaciones de periodistas, quienes han denunciado amenazas, insultos y campañas de acoso por parte de individuos acreditados como prensa en el Congreso, pero que en realidad operan con fines propagandísticos y desestabilizadores. Los partidos del Gobierno denuncian que estos “pseudoperiodistas, vinculados a la extrema derecha, han utilizado sus acreditaciones para difundir desinformación y hostigar a profesionales de la comunicación”.
La reforma propuesta busca modificar el artículo 98 del Reglamento del Congreso para establecer un régimen sancionador que permita desde apercibimientos hasta la retirada de acreditaciones a aquellos que incumplan las normas de comportamiento. Además, se plantea la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, encargado de velar por el correcto ejercicio de la labor informativa dentro de la Cámara.
Sin embargo, partidos como el Partido Popular (PP) y Vox se han desmarcado de esta iniciativa, argumentando que podría suponer una restricción a la libertad de prensa. Esta postura contrasta con la de otras fuerzas políticas que consideran esencial proteger la integridad del espacio informativo y garantizar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo.
