Vivimos en una situación excepcional. El covid-19 ha situado a muchas familias al borde de no poder hacer frente a sus obligaciones ordinarias de pagos y facturas. Por si fuera poco, los rebrotes suponen un riesgo de nuevas paralizaciones de la actividad, y la amenaza se cierne sobre una recuperación económica que no llega, tras el desplome de los seis meses pasados.
Por otro lado, el aluvión de demandas y prestaciones tensiona fuertemente a las oficinas que las gestionan. Se están denunciando retrasos constantes en diversas prestaciones, aunque varían mucho según las áreas geográficas y las prestaciones de que se trate.
En ámbitos específicos, como son los Centros Especiales de Empleo para personas con discapacidad, numerosas comunidades autónomas acumulan retrasos en el abono de las prestaciones niveladoras para el mantenimiento de los centros. En muchas ocasiones la demora se remonta a las partidas devengadas desde diciembre de 2019, con lo que, salvo que se consiga financiación bancaria con el coste que supone, muchos centros se verán abocados al cierre en los próximos meses, enviando a sus casas a miles de trabajadores con discapacidad.
Las prestaciones por los ERTES, de las que dependen cientos de miles de trabajadores aún, dieron problemas desde el inicio, y experimentan diversas demoras en varias áreas geográficas, como consecuencia de la saturación y la falta de personal.
En cuanto al Ingreso Mínimo Vital, se suceden las denuncias de trabas en la tramitación y, mucho más aún, en la concesión y abono de las ayudas. La empresa gestora del servicios (subcontratada por el Ministerio de Inclusión) se reconoce desbordada por la situación, pero asegura que tramita todos los expedientes con toda la celeridad que le permiten sus medios. Sin embargo otras informaciones señalan que sus trabajadores reciben instrucciones para retrasar los expedientes y así “ganar tiempo” para que vayan llegando los fondos y se puedan ir liberando las transferencias. La subcontratación de Tragsatec, empresa pública, supuso un coste para el Ministerio de casi ocho millones de euros para poner en marcha el servicio, dedicados en gran parte a la contratación de 500 trabajadores, y, a la vista de los rtesultados, está siendo objeto de generalizadas críticas.
Por si fuera poco, las prestaciones y subdios por desempleo también crecieron exponencialmente y generan una carga adicional que pone al límite la capacidad de gestión de las administraciones implicadas. Los servicios de empleo confían en que la vuelta paulatina a la actividad aligere en los próximos meses la carga, pero eso es algo que está por ver.
Todo ello con el telón de fondo de la falta de habilitación presupuestaria concreta para muchas de las partidas, que está provocando sospechas de que la demora, en algunos casos, responde no solo a problemas de personal sino a causas más profundas. Las administraciones están empezando a incurrir en grandes déficits, no encuentran la manera de liberar con agilidad recursos para pagar todo lo pendiente. El salvavidas europeo, aunque se está poniendo en marcha con una rapidez inusitada dada la habitual lentitud de los procedimientos comunitarios, aún tardará meses en llegar.
