Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparecerá hoy ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid como investigado por la presunta comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental. La jueza Inmaculada Iglesias ha citado a González Amador en el marco de una investigación que se centra en un supuesto fraude a la Hacienda Pública de 350.951 euros durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021.
La instrucción se originó a partir de un informe de la Agencia Tributaria que señalaba la posible utilización de facturas falsas por parte de la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, de la cual González Amador es administrador único. Estas facturas habrían sido empleadas para deducir gastos inexistentes y, de este modo, reducir la carga tributaria correspondiente al Impuesto de Sociedades.
Además de González Amador, otras cuatro personas están siendo investigadas en relación con este caso: los empresarios sevillanos David Herrera Lobato y los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo Saborido, así como el empresario mexicano Maximiliano Eduardo Niederer. Se les atribuye la emisión y utilización de facturas falsas para justificar servicios no prestados, con el objetivo de evadir impuestos.
La declaración de González Amador ha sido pospuesta en cuatro ocasiones anteriores debido a diversas circunstancias, incluyendo solicitudes de las partes y viajes profesionales del investigado. La Fiscalía había instado a la jueza a tomar declaración al empresario sin más demoras, dado que el plazo de instrucción está próximo a concluir en marzo.
Paralelamente, la investigación ha derivado en una pieza separada que indaga en posibles delitos adicionales relacionados con la presunta utilización de una sociedad pantalla para ocultar ingresos procedentes de contratos con Quirón Prevención S.L. En este contexto, se investiga un pago de 499.836,92 euros a la esposa del presidente de dicha entidad, considerado por la Fiscalía como una posible “comisión encubierta”.
Este caso ha suscitado una notable atención mediática y política, no solo por la implicación de la pareja de una figura pública de relevancia, sino también por las derivaciones que han alcanzado a altos cargos judiciales. La investigación ha generado debates sobre la independencia judicial y la posible instrumentalización política de los procedimientos legales.
