El Ministerio de Igualdad ha presentado una carta ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la que solicita que investigue al magistrado David Yehiel Maman Benchimol, juez encargado de la instrucción de la denuncia interpuesta contra José Ángel González, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional por presunta agresión sexual contra una subordinada, por unas declaraciones públicas que considera “incompatibles con la imparcialidad judicial”.
La misiva, firmada por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, reclama la apertura de diligencias informativas y, en su caso, la incoación de un expediente disciplinario por una posible “falta grave” en el ejercicio de sus funciones.
Según expone el Ministerio, el magistrado “realizó diversas manifestaciones relativas a las mujeres víctimas de violencia de género”, así como sobre el ejercicio de sus derechos procesales y la protección de menores, cuyo contenido sería incompatible con los deberes de imparcialidad, respeto y sujeción al ordenamiento jurídico que rigen la función jurisdiccional.
Los hechos se remontan a febrero de 2026, cuando el juez participó en un acto formativo en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Las declaraciones fueron posteriormente difundidas en un vídeo emitido por La Sexta el miércoles 22 de abril, lo que motivó la reacción institucional.
De acuerdo con el escrito remitido al CGPJ, el magistrado afirmó que las denuncias de las mujeres “no tienen demasiado sentido” y que responderían a una supuesta “caza de la orden de protección”. Asimismo, cuestionó las ventajas legales que, a su juicio, tendrían las mujeres en este ámbito.
Igualdad también recoge que el juez atribuyó a las madres comportamientos de manipulación sobre sus hijos, a los que se refirió como un “lavado de coco”, y aseguró que “la mujer es una enemiga acérrima” de la custodia compartida.
Para el Ministerio, estas afirmaciones no constituyen opiniones aisladas, sino que evidencian la existencia de prejuicios estructurales, estereotipos de género y posicionamientos ideológicos que afectan directamente a la percepción de imparcialidad judicial y comprometen la confianza pública en la Administración de Justicia, especialmente en un ámbito tan sensible como el de la violencia de género.
En este sentido, la carta denuncia una “trivialización” de la violencia de género y de los mecanismos de protección legalmente establecidos. Además, sostiene que el magistrado estaría alimentando el bulo de las denuncias falsas y mostrando una absoluta falta de perspectiva de género, al reproducir estereotipos contrarios al principio de igualdad.
El documento subraya que el juez analiza la violencia y las relaciones familiares desde prejuicios y generalizaciones, en lugar de aplicar el marco jurídico vigente, que exige considerar la desigualdad estructural y la situación específica de mujeres y menores como víctimas.
Asimismo, critica que el magistrado recurra implícitamente a teorías sin aval científico, como el denominado síndrome de alienación parental, y que no reconozca a los menores como víctimas directas de la violencia de género, en contradicción con la legislación vigente que incluye la violencia vicaria.
Por otro lado, Igualdad alerta de que el juez habría empleado expresiones que deslegitiman la identidad de género de las personas trans, al referirse a ellas como “un hombre con apariencia de mujer” y priorizar el sexo asignado al nacer o el dato registral.
Según el Ministerio, este tipo de lenguaje reduce a la persona a una categoría biológica, desconoce su identidad vivida y constituye una falta de respeto, además de reforzar actitudes discriminatorias.
