La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha asegurado este miércoles que el Gobierno trabaja desde hace tiempo en la mejora de las condiciones laborales de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, “incluida la posibilidad de avanzar hacia el reconocimiento de la profesión de riesgo mediante coeficientes correctores que faciliten la jubilación anticipada”.
Preguntada por esta cuestión tras la decisión del Ministerio de Defensa de comenzar con los trámites para declarar la carrera militar como profesión de riesgo, Calvo ha admitido que también se trata de una reivindicación histórica de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, y ha subrayado que el Ministerio del Interior “comprende” esta demanda. No obstante, ha precisado que “no es una decisión que dependa exclusivamente de un departamento”, sino que requiere coordinación entre varios ministerios.
“El reconocimiento de quienes trabajan en situaciones de riesgo ya existe desde hace años mediante complementos específicos”, ha señalado, si bien ha admitido que la equiparación en materia de jubilación anticipada “sigue siendo una cuestión pendiente”.
En este sentido, ha indicado que el Ejecutivo mantiene el diálogo con los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que tratará de avanzar “lo más rápido posible”, aunque ha advertido de que “no se trata de una medida inmediata”.
En relación con la gestión fronteriza en Ceuta y Melilla, la secretaria de Estado ha defendido el desarrollo de la denominada “frontera inteligente”, en el contexto de la próxima entrada en vigor del sistema Entry Exit System, prevista para el 10 de abril. “Este modelo incorpora tecnologías avanzadas, como la recogida de datos biométricos, con el objetivo de mejorar la seguridad y la eficacia en el control de accesos” ha precisado.
Calvo ha insistido en que todas las actuaciones del Ministerio del Interior en frontera “cumplen con la legalidad vigente y respetan los derechos humanos”. En respuesta a preguntas sobre posibles sesgos en los algoritmos utilizados, advertidos por la Fundación Por Causa, ha asegurado desconocer la denuncia concreta, aunque ha garantizado que “cualquier incidencia será analizada”.
“No hay ninguna actuación que incumpla la normativa”, ha afirmado, al tiempo que ha reconocido que la implantación progresiva del nuevo sistema “ha permitido detectar aspectos de mejora que ya están siendo abordados”. El despliegue tecnológico cuenta con una inversión de 10 millones de euros, ha apuntado.
Por otro lado, la secretaria de Estado ha defendido el proceso de regularización de migrantes que impulsa el Gobierno, actualmente en tramitación, tras las críticas de algunos partidos de la oposición. Ha recalcado que “incluirá controles” y que “está dirigido a personas que ya residen en España, muchas de ellas trabajando en situación irregular”.
Según ha señalado, se trata de una medida que permitirá “aflorar” empleo y otorgar derechos y ha subrayado que incluso cuenta con el respaldo de organizaciones empresariales como la CEOE y de la Conferencia Episcopal Española. “Es un ejercicio saludable desde el punto de vista social y del mercado laboral”, ha concluido.
