El complejo escenario parlamentario español dificulta la aprobación de la reforma fiscal propuesta por el Gobierno para 2025. La administración se encuentra en una encrucijada tras abandonar su plan inicial de un impuesto permanente a las energéticas, un punto clave en los acuerdos de investidura. Este cambio de rumbo buscaba asegurar el respaldo de Junts y PNV al paquete fiscal. Sin embargo, ambos partidos rechazan la medida principal de la reforma: un impuesto del 8% sobre seguros de salud privados, propuesta apoyada por Sumar, que apunta a reducir incentivos fiscales a la sanidad privada.
Frágil consenso entre PSOE y Sumar
El acuerdo entre PSOE y Sumar para avanzar en esta reforma fue efímero. La medida estrella, la imposición del IVA del 21% para pisos turísticos, requiere la aprobación de la Comisión Europea, mientras que el nuevo impuesto sobre seguros médicos privados ya enfrenta resistencias. Junts celebró el freno al impuesto a las energéticas, aunque el Gobierno aún intentaba sostener la medida. Este martes, Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, mostró su disconformidad con la postura de PSOE y Sumar y advirtió sobre las escasas posibilidades de avance de este proyecto en la Comisión de Hacienda.
Estrategia ante el riesgo de fracaso legislativo
El Gobierno ha decidido posponer la votación de una ley fiscal en la Comisión de Hacienda para ganar tiempo. Sin embargo, el acuerdo con Junts y PNV para mantener el impuesto a la banca y retirar el de las energéticas contrasta con las exigencias de ERC, Bildu, Podemos y Sumar de mantener ambos impuestos. Esteban calificó la situación como un “galimatías” y considera que las propuestas de Bildu y ERC distorsionan el objetivo de la ley. Por su parte, ERC y Bildu continúan presionando para que ambos impuestos se incluyan en el dictamen final.
Tensiones internas y posibles ajustes en la reforma
Sumar muestra incomodidad ante la actual falta de consenso. Txema Guijarro, secretario general de Sumar, señaló que el impuesto a las energéticas sigue en su agenda, y Aina Vidal, portavoz adjunta, abogó por presionar al PSOE para fortalecer el acuerdo. A pesar de la falta de apoyos, fuentes del Gobierno aseguran que el proyecto seguirá adelante, aunque se contempla la posibilidad de posponer la reunión en la Comisión de Hacienda prevista para el jueves.
