La Audiencia Nacional ha avalado que la investigación abierta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se amplíe a un presunto delito de tráfico de influencias en Bolivia. La decisión permite continuar las pesquisas sobre el pago de 200.000 euros que el exdirigente socialista recibió por su supuesta intermediación ante las autoridades bolivianas en favor del grupo empresarial peruano Gloria.
La sección tercera de la Sala de lo Penal ha dictado un auto, conocido este martes 10 de noviembre, en el que desestima el recurso presentado por la defensa de Zapatero. El expresidente había solicitado que se excluyera del procedimiento un informe policial que relacionaba esos pagos con posibles actuaciones destinadas a influir en las decisiones de la Administración boliviana.
El tribunal respalda así la decisión del juez José Luis Calama, instructor del denominado caso Plus Ultra, de incorporar a la causa los indicios relativos a las actividades profesionales desarrolladas por Zapatero en relación con el conglomerado empresarial peruano.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sostiene que Zapatero habría recibido 200.000 euros por tratar de mediar o influir ante las autoridades de Bolivia en beneficio del grupo Gloria, que mantenía varios litigios millonarios con la Administración pública del país sudamericano.
Según el informe policial elaborado el pasado mes de junio, las gestiones investigadas estarían relacionadas con una indemnización pendiente de pago y con los intereses económicos de empresas vinculadas al conglomerado peruano. Los investigadores consideran que existen elementos suficientes para examinar si la remuneración percibida por el expresidente pudo constituir una contraprestación por el ejercicio de influencias indebidas.
La defensa de Zapatero había cuestionado la incorporación de estos hechos al procedimiento judicial. Sus abogados argumentaban que la relación profesional con la empresa Focus Social Research no formaba parte del objeto inicial de la investigación y que el magistrado estaba extendiendo sus pesquisas de manera injustificada a otras actividades personales y profesionales del expresidente.
Sin embargo, los magistrados rechazan los argumentos de la defensa y consideran que existen indicios que justifican continuar investigando los pagos y las posibles gestiones realizadas en Bolivia.
La Sala explica que los nuevos datos surgieron del análisis de las comunicaciones almacenadas en los dispositivos intervenidos durante el registro practicado en la oficina de Zapatero el pasado mes de mayo. De acuerdo con el auto, esa documentación permitió identificar elementos que apuntaban a un posible delito de tráfico de influencias ante las autoridades bolivianas en favor del grupo Gloria.
Los magistrados consideran que estos hechos guardan relación con el objeto del procedimiento y rechazan que su incorporación suponga una investigación indiscriminada sobre las actividades del expresidente.
En este sentido, la resolución señala que no puede compartirse el criterio de la defensa sobre la supuesta ausencia de indicios previos relativos a la existencia de una organización presuntamente dedicada a cometer delitos de tráfico de influencias.
La decisión judicial sigue también el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que había defendido la pertinencia de investigar los pagos vinculados a la sociedad peruana Focus. El Ministerio Público considera que estas operaciones no constituyen un hallazgo ajeno a la causa, sino que podrían aportar información relevante sobre las conductas que ya estaban siendo investigadas.
La investigación sobre Bolivia se incorpora a las diligencias del caso Plus Ultra, en el que también se examina el presunto tráfico de influencias relacionado con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia.
En ese procedimiento, el juez Calama investiga si existió una estructura organizada destinada a obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante responsables públicos. Las pesquisas también analizan el posible encubrimiento de los rendimientos obtenidos a través de un entramado de sociedades.
La aparición de los pagos relacionados con el grupo Gloria abrió una nueva línea de investigación sobre las actividades de intermediación del expresidente fuera de España. Según los investigadores, las relaciones y contactos internacionales de Zapatero podrían resultar relevantes para determinar la naturaleza de las gestiones realizadas y de las cantidades percibidas.
El juez instructor ya había rechazado anteriormente la petición de la defensa para excluir estos hechos del procedimiento. En aquella resolución, consideró que los datos procedían de pruebas obtenidas legalmente durante una investigación judicial en curso y que su análisis podía revelar conductas inicialmente no contempladas.
Con su nueva resolución, la Sala de lo Penal confirma ese criterio y permite que continúe el examen de la documentación, las comunicaciones y las operaciones económicas relacionadas con la presunta intermediación en Bolivia.
La decisión de la Audiencia Nacional no supone una declaración de culpabilidad contra Zapatero, sino que avala la continuidad de las investigaciones para esclarecer si los hechos presentan relevancia penal.
El procedimiento permanece abierto y deberá determinar si los pagos recibidos respondían a servicios profesionales legítimos o si estuvieron vinculados a actuaciones que pudieran constituir un delito de tráfico de influencias.
