Kitchen queda vista para sentencia

El juicio de la ‘Operación Kitchen’ ha quedado visto para sentencia esta semana tras cuatro meses de vista oral en los que el tribunal de la Audiencia Nacional (AN), presidido por la magistrada Teresa Palacios, ha escuchado a más de un centenar de testigos entre policías, investigadores y políticos.

Una vista que ha contado con los testimonios más destacados de quienes, con permiso de los acusados, han sido las principales figuras del juicio: el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, en calidad de testigo, y el extesorero del PP Luis Bárcenas, perjudicado en la causa.

El proceso, iniciado a principios de abril, ha concluido esta semana con los informes finales de las defensas de los acusados, que han negado la existencia del presunto espionaje orquestado por el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy para obtener información del extesorero del PP Luis Bárcenas sobre dirigentes del partido y obstaculizar, presuntamente, la investigación sobre la supuesta contabilidad opaca de la formación.

Frente a esa versión, los abogados de los acusados han sostenido de forma conjunta que nunca existió un operativo parapolicial “criminal”. En su lugar, la mayoría de las defensas han descrito una actuación policial ajustada a la legalidad cuyo objetivo era localizar dinero que el extesorero, investigado entonces por la Justicia, pudiera ocultar en el extranjero, así como identificar a posibles testaferros.

Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de 15 años de prisión para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su exsecretario de Estado Francisco Martínez, así como para el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo.

Asimismo, Anticorrupción solicita 19 años de cárcel para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, la pena más elevada entre los acusados. Para Sergio Ríos, antiguo chófer de Luis Bárcenas, reclama doce años y medio de prisión, mientras que para el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas interesa una condena de dos años y medio.

La Fiscalía ha pedido la absolución del inspector José Luis Olivera, así como de los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano. Estos dos últimos quedaron fuera del juicio después de que la acusación particular, ejercida por la familia Bárcenas, y la acusación popular, representada por el PSOE y Más Madrid, retiraran sus acusaciones.

Mientras las defensas han insistido en que todas las actuaciones fueron legales —llegando a sostener que lo delictivo habría sido no investigar a Bárcenas—, el fiscal César de Rivas ha defendido que durante el juicio ha quedado acreditada la existencia de un “operativo parapolicial criminal” destinado a obtener información comprometedora y grabaciones sobre dirigentes del PP que pudiera conservar el extesorero.

Por su parte, la representación legal de la familia Bárcenas sostuvo que el Ministerio del Interior impulsó la denominada ‘Kitchen’ porque la información en poder del extesorero “podía hacer caer al Gobierno” de Mariano Rajoy. A su vez, el PSOE y Podemos situaron a Fernández Díaz en la “cúspide” de lo que calificaron como una organización criminal.

Las sesiones más mediáticas del proceso fueron las protagonizadas por Mariano Rajoy y Luis Bárcenas. El extesorero, un año y cuatro meses después de abandonar la prisión tras su condena por el caso Gürtel, compareció durante cerca de siete horas ante la Audiencia Nacional.

Durante su declaración aseguró que pidió a un compañero de prisión destruir unos audios relacionados con “MR”, identificado por él como Mariano Rajoy. Según su relato, esas grabaciones reflejaban cómo el expresidente habría destruido un sobre con documentación relativa a la supuesta contabilidad B del PP.

Bárcenas también afirmó que la denominada Operación Kitchen comenzó con el borrado de los discos duros de los ordenadores que utilizaba en la sede del partido, una actuación que atribuyó a responsables del PP de aquella etapa.

Rajoy rechazó tajantemente esa versión y aseguró que jamás destruyó ningún sobre con documentación sobre una supuesta contabilidad B. Además, respaldó la tesis de las defensas al sostener que lo que existió fue una operación policial plenamente ajustada a la legalidad para localizar el dinero de Bárcenas e identificar a sus posibles testaferros.