La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley que incluye un amplio abanico de medidas para intervenir el mercado de la vivienda, pero ha derogado el otro decreto, impulsado por Sumar, que buscaba establecer la renovación automática de los alquileres y obligaba al propietario a indemnizar al inquilino si decidía romper el contrato.
Como todo decreto ley, los textos tenían que refrendarse en el Congreso en un plazo máximo de treinta días. Ante la disolución de las Cortes por el adelanto electoral, ha sido la Diputación Permanente (único órgano que queda activo ante la disolución) la encargada de votar las normas.
El decreto de medidas generales sobre vivienda ha conseguido su convalidación gracias al apoyo de los 35 diputados de PSOE, Sumar, ERC, PNV y Podemos (formación que atesora el voto de todo el Grupo Mixto) y pese al ‘no’ de los 34 que suman PP, Vox y Junts, que en el Pleno sí contaban con mayoría absoluta. En lo que respecta a la segunda norma, al ‘no’ de PP, Vox y Junts se ha sumado el del PNV, lo que ha condenado al texto a su derogación.
SE APRUEBA LA PROHIBICIÓN DE DESAHUCIOS Y LA PRÓRROGA DE DOS AÑOS
Entre las medidas que incluye el primer decreto, se establece la prohibición de los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030 y se regula una prórroga automática de los contratos de alquiler para todo el 2028.
También incluye el mecanismo llamado ‘Tu Casa’, que será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y contempla préstamos de hasta 50.000 euros para primera vivienda. Este estará dotado con 10.000 millones de euros.
Además de la dotación de la línea del ICO, se incorpora un fondo de impacto social dotado con 400 millones de euros para impulsar la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales, al tiempo que endurece las condiciones para la compra especulativa de vivienda por parte de los llamados fondos ‘buitre’, ampliando su definición y las condiciones de las excepciones con respecto al anterior texto.
En lo que respecta al segundo decreto, el texto fija que una vez superados los cinco años de alquiler (siete si el propietario es una persona jurídica), el contrato de alquiler se prorrogue automáticamente otros cinco años, siete en el caso de que el casero sea una empresa. Si el propietario quiere romper el contrato, la norma obligaba a abonar una indemnización a favor del inquilino equivalente al pago de un año de alquiler.
PABLO BUSTINDUY E ISABEL RODRÍGUEZ DEFIENDEN LOS DECRETOS
La Diputación Permanente ha debatido primero el decreto ley con la renovación automática del alquiler, que ha defendido el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y después el que incluye un catálogo más amplio de medidas, defendido por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
En el primer debate, Bustinduy ha pedido apoyo a esta medida porque, según ha explicado, afectaría a cinco millones de personas y podría suponer un ahorro de hasta 4.341 euros para cada inquilino. Además, ha defendido que la medida ya está presente en Francia, Alemania o Viena (Austria), ciudad esta última que la izquierda mira como referente en la gestión de la vivienda por, entre otros motivos, su amplio parque público.
Así, el ministro ha instado a los representantes de la Diputación a votar a favor de la prórroga de los contratos de alquiler para que las personas que viven de alquiler tengan ese dinero en su bolsillo, en lugar de en el de “las empresas inmobiliarias que les están sangrando la vida”.
Por su parte, en el segundo debate, Rodríguez ha defendido que este decreto permite proteger a los inquilinos y a los pequeños propietarios ante la emergencia habitacional y mientras se amplía la oferta de vivienda asequible. Entre sus medidas, ha destacado la prohibición de los desahucios a personas vulnerables, las nuevas prórrogas de los contratos de alquiler, las deducciones fiscales para los inquilinos y las bonificaciones de hasta el 100% de las rentas para los pequeños propietarios que bajen los precios.
La ministra ha insistido en que la vivienda “no es mercancía” ni puede tratarse como “un activo financiero”, sino que constituye “un derecho básico”. Por ello, ha defendido que ampliar el parque público y asequible con protección permanente evitará que este acabe en manos de fondos buitre y ha subrayado la importancia de incorporar medidas que frenen la especulación. “Proteger al inquilino y dar seguridad al pequeño propietario no es contradictorio, sino una necesidad”, ha afirmado.
SIN SORPRESAS ENTRE LOS GRUPOS
Durante el debate de sendos decretos, no ha habido sorpresas entre los grupos parlamentarios y han confirmado las posiciones que ya tenían anunciadas antes del debate y que coinciden con lo que votaron en el Pleno del Congreso en octubre con los anteriores decretos leyes que fueron derogados.
Así, PP, Vox y Junts han confirmado su voto en contra de los dos textos, mientras que PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos (formación esta última que atesora el voto del Grupo Mixto en la Diputación Permanente) han ratificado su apoyo al texto.
El PNV, cuyo voto era clave, ha apoyado el decreto más general y rechazado el que regula la indemnización para el inquilino, pues entiende que el pago de una indemnización de doce mensualidades es “desproporcionada y desorbitada”.
SE REVIERTE PARCIALMENTE LA PÉRDIDA EN EL PLENO
Con este resultado, el Gobierno ha conseguido salvar al menos uno de los dos decretos que impulsó tras el desahucio de Maricarmen y que provocó una oleada de indignación ciudadana por la situación de la vivienda.
El Pleno del Congreso, donde PP, Vox, Junts y UPN tenían mayoría absoluta de 178 escaños, tumbó los dos textos y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, decidió adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre.
Una vez disueltas las Cortes, el Ejecutivo decidió volver a aprobar los textos con pequeñas modificaciones para que no fuesen exactamente iguales, con la diferencia de que en lugar de votarse en el Pleno se votarían en la Diputación Permanente, donde sí ha habido números para aprobar al menos el decreto más general de medidas.
La votación, además, ha acontecido un día después de la huelga general por la vivienda y en la víspera del arranque de la campaña electoral, que dará el pistoletazo de salida a las 00.00 horas del viernes, 13 de noviembre.
