La ley impulsada por Sumar para conceder la nacionalidad a los saharuis nacidos bajo la administración española de la excolonia ha decaído con la disolución de las Cortes y la diputada de Más Madrid Tesh Sidi ha propuesto que el Gobierno la conceda a quienes cumplan los requisitos mediante la fórmula de la carta de naturaleza, es decir, a través del instrumento del real decreto.
Esta norma, que podría beneficiar a unas 80.000 personas, arrancó su tramitación parlamentaria en el Congreso en febrero de 2025 y lo hizo con el voto en contra del PSOE. Los grupos registraron sus enmiendas en junio de aquel año, pero después la norma se guardó en un cajón un total de doce meses.
No fue hasta junio de 2026 cuando se reunió la ponencia para discutir las enmiendas y el PSOE y Sumar sellaron un acuerdo. El texto se aprobó en la Comisión de Justicia en julio y se aprobó en el primer Pleno de septiembre con el único voto en contra Vox, mientras que el PP y Unión del Pueblo Navarro (UPN) optaron por la abstención.
Pero a su paso por el Senado, el PP presentó enmiendas para modificarla y la previsión era que se aprobara en el Pleno que había previsto para semana y que ya no se celebrará por la disolución de las Cortes.
De no haber registrado enmiendas en el Senado, la norma habría quedado automáticamente aprobada, pero al no haber finalizado su tramitación decae con la convocatoria electoral.
En un mensaje de X, recogido por Europa Press, la diputada de origen saharaui Tesh Sidi se ha lamentado de que “una ley aprobada por amplias mayorías” se vaya a ir “a la basura”. “Un día triste en lo personal y para el pueblo saharui”, ha apuntado.
QUE EL PP RETIRE SUS ENMIENDAS
Para salvarla, según explica, sólo queda que el PP retire las enmiendas que registró en el Senado antes de la publicación este martes del decreto de convocatoria de los comicios.
La otra opción que apunta para poder dar la nacionalidad a las personas nacidas bajo administración española en el Sáhara Occidental, es que el Gobierno la conceda vía real decreto, lo que se conoce como carta de naturaleza.
En este caso, los potenciales beneficiarios de la frustrada ley tendrían que dirigirse al Ministerio de Justicia para solicitar la nacionalidad y el Gobierno tomaría una decisión tras estudiar caso por caso.
