La Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido este viernes la derogación de la reforma de la ley de aborto introducida por el Gobierno del PP en 2015 que estableció la obligatoriedad del consentimiento paterno en el caso de las jóvenes de entre 16 y 18 años que quisieran interrumpir su embarazo.
“En España una mujer de 16 años está preparada para decidir si puede recibir una intervención a vida o muerte, para decidir trabajar, puede actuar con un altísimo grado de autonomía a nivel sanitario, laboral o educativo y, por tanto, claro que creo que puede tomar esa decisión tan importante para su vida y lo cree un movimiento feminista que está defendiendo con mucha contundencia el derecho a la vida de las mujeres”, ha indicado Montero en una entrevista en TVE.
La ministra ha recordado que en países donde está prohibida la interrupción voluntaria del embarazo “las mujeres se ponen en riesgo como consecuencia de la legislación, que no las respeta y se hacen abortos de forma clandestina”. Por ello, Montero ha apelado a la necesidad de “decidir cómo defender los derechos de las mujeres” y ha reiterado que “la derogación de la reforma de Gallardón es fundamental”.
Sobre la ley de libertades sexuales, ha asegurado que su tramitación “sigue estrictamente todos los procedimientos previstos sin retrasos” y ha garantizado que el objetivo del Gobierno es que esté en vigor “lo antes posible”. “Tuvo la primera vuelta en marzo, según el compromiso con presidente del Gobierno y, respondiendo a la urgencia del movimiento feminista, hemos tenido un trabajo muy intenso con la sociedad civil; el resultado ha sido fructífero, ahora tiene que ir al Consejo de Estado”, ha indicado la titular de Igualdad, quien ha reiterado la voluntad del Ejecutivo de que el texto vaya al Congreso “y termine siendo una ley que rija en este país lo antes posible, cumplimiendo todos los procedimientos”.
Al ser preguntada por la posible prohibición de los prostíbulos, Montero ha explicado que el objetivo es “perseguir de forma eficaz el proxenetismo en todas sus formas, que mueve cinco millones de euros diarios la mayoría en negro, y acabar con la impunidad de las personas dueñas de locales que se lucran de ello”.
Y, sobre la ley integral contra la trata y la explotación sexual, Montero ha destacado la voluntad del Gobierno de llegar “más lejos que ningún otro ejecutivo e ir a la raíz del problema”.
