La UCO acude a la sede de la Guardia Civil y requiere los expedientes contra agentes que investigan al PSOE

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado este miércoles en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil para recabar los expedientes disciplinarios abiertos a mandos que investigan al PSOE, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación. La operación se enmarca en el caso Leire Díez que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y que también ha llevado a los agentes a acceder a la sede federal del PSOE en la calle Ferraz a primera hora de la mañana para requerir información relacionada con pagos vinculados a la exmilitante socialista.

La UCO ha accedido a la Dirección General de la Guardia Civil para obtener expedientes sobre mandos que investigan casos relacionados con el PSOE. En la sede de la Dirección General, el teniente coronel Antonio Balas y varios agentes, actuando por orden judicial, han tomado declaración a miembros del área de Régimen Disciplinario que recibieron instrucciones para investigar a mandos del cuerpo sospechosos de haber filtrado información sobre los casos Ábalos y Cerdán.

La actuación judicial forma parte de las diligencias abiertas por la Audiencia Nacional dentro del conocido como caso Leire Díez, centrado en una supuesta trama de pagos irregulares, adjudicaciones públicas y maniobras de presión contra investigadores judiciales y policiales. Según las pesquisas, la investigación trata de esclarecer si se utilizaron recursos y estructuras vinculadas a organismos públicos para influir en procedimientos sensibles relacionados con dirigentes socialistas.

El juez Santiago Pedraz investiga presuntos amaños vinculados a la SEPI y supuestas maniobras para perseguir filtraciones policiales. Además de la actuación en la Dirección General de la Guardia Civil y en la sede socialista de Ferraz, agentes de la UCO están registrando los domicilios del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Milagro (Navarra) y del empresario Javier Pérez Dolset en Móstoles (Madrid), ambos relacionados con la causa judicial.

Los agentes también se han desplazado a un domicilio en Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, otra de las personas investigadas dentro de la operación. Todas estas actuaciones han sido autorizadas por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y cuentan con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, que impulsa las diligencias abiertas por posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación y revelación de secretos.

Las diligencias incluyen registros en viviendas de antiguos dirigentes socialistas y empresarios vinculados a la investigación. Fuentes próximas al caso apuntan a que la investigación trata de determinar si existió una estructura organizada para obtener información reservada, desacreditar a mandos policiales y controlar filtraciones relacionadas con casos de corrupción que afectaban al entorno socialista.

La entrada de la UCO en dependencias oficiales de la Guardia Civil ha generado una fuerte repercusión política y mediática. Desde el PSOE se mantiene el mensaje de colaboración con la Justicia y de respeto a las investigaciones judiciales. Al mismo tiempo, desde la oposición se han intensificado las críticas al Ejecutivo y las peticiones de explicaciones públicas ante el avance de las pesquisas.

La Audiencia Nacional mantiene abiertas varias líneas de investigación sobre pagos, adjudicaciones públicas y filtraciones relacionadas con el caso Leire Díez. Mientras continúan las declaraciones y registros, la documentación recabada por la UCO será incorporada a la causa para determinar el alcance de las posibles responsabilidades penales y políticas derivadas de la operación.