La Unión Europea ha tardado cuarenta y ocho horas en inventar una categoría que no figura en los Tratados y en abrirle lista de espera. Ursula von der Leyen ofreció el miércoles a Canadá convertirse en «miembro asociado»; Mark Carney lo agradeció el jueves desde el hemiciclo de Estrasburgo; y ese mismo día la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ya apuntaba dos nombres más para la cola: Australia y Nueva Zelanda.
Un tercer carril entre la adhesión y la candidatura
Metsola lo explicó en una entrevista con Euronews horas antes del discurso de Carney. El estatus que Bruselas está dibujando sería, dijo, una tercera vía entre la pertenencia plena y la condición de país candidato: no se entra en las instituciones, pero se comparte mucho más que un acuerdo comercial. «Hay países con los que queremos profundizar la relación», afirmó, antes de añadir que no dudaba de que otros acabarían llamando a la puerta.
Preguntada por la letra pequeña, reconoció que las conversaciones están en una fase muy temprana y describió el contenido posible en tres bloques: relaciones comerciales más profundas, acceso a materias primas críticas y reglas comunes en asuntos que preocupan a los socios «afines», señaladamente las redes sociales y la protección de menores. Es decir, agenda regulatoria antes que institucional.
El problema es el de siempre, y es el mismo que ya lastraba la oferta a Canadá: la figura del «miembro asociado» no existe. Los Tratados contemplan la adhesión (artículo 49 TUE) y los acuerdos de asociación (artículo 217 TFUE), y poco más. Cualquier categoría intermedia habría que construirla de cero y aprobarla por unanimidad de los Veintisiete, con las ratificaciones nacionales que correspondan.
«En tiempos de incertidumbre como estos, tener amigos importa»
Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo PPE
Por qué Canberra y Wellington, y no otros
La elección de los dos nombres no es caprichosa: son los dos socios del Indo-Pacífico con los que la UE ya ha hecho los deberes comerciales. El acuerdo con Nueva Zelanda lleva en vigor desde 2024. Y con Australia, von der Leyen cerró en Canberra el pasado 24 de marzo un tratado de libre comercio tras casi ocho años de negociación, acompañado el mismo día de una Asociación de Seguridad y Defensa y del compromiso australiano de asociarse a Horizonte Europa desde 2027. Sobre ese andamiaje ya construido es sobre el que Bruselas propone levantar el nuevo piso.
Hay además una coincidencia regulatoria que explica la mención expresa a los menores y las redes sociales: Australia es el país que ha ido más lejos del mundo en esa materia, con el veto a las redes para los menores de dieciséis años que Bruselas lleva meses estudiando con lupa. Cuando Metsola habla de «reglas comunes en asuntos que nos importan a todos», está describiendo una relación en la que la UE no solo exporta normas, sino que por una vez también importa alguna.
La respuesta australiana: mucho comercio y ninguna etiqueta
El Gobierno de Anthony Albanese rompió su silencio este viernes, y lo hizo con un ejercicio de cortesía evasiva digno de estudio. Un portavoz aseguró a Euronews que la relación con la UE «nunca ha sido más fuerte ni más importante», pero situó la prioridad en otro sitio: cerrar el acuerdo comercial, ese «pacto de una vez en una generación» que abre a sus granjeros y exportadores un mercado de 450 millones de consumidores. Ni una palabra sobre el estatus. Traducido: sí al contenido, silencio sobre el título.
La prudencia tiene su lógica: el tratado está concluido, pero no firmado ni ratificado, y Canberra calcula que los trámites internos pueden llevar hasta dos años. Abrir ahora un debate sobre asociaciones políticas con Bruselas solo serviría para darle munición a quienes, en el campo agrario europeo, siguen incómodos con las cuotas australianas de carne.
De Wellington, en cambio, no ha llegado respuesta alguna, y difícilmente llegará pronto: Nueva Zelanda está en plena precampaña de las generales del 7 de noviembre, con Christopher Luxon debilitado tras sobrevivir a dos votaciones internas de liderazgo y con los sondeos dibujando un empate en torno al 30% entre National y el laborismo de Chris Hipkins. Ningún primer ministro en esa situación abre un frente europeo a siete semanas de las urnas.
Lo que separa a Ottawa de Canberra
La diferencia decisiva entre los tres candidatos no está en Bruselas, sino en la urgencia de cada capital. Canadá llega al debate empujado por una guerra arancelaria con su principal socio comercial, y para Carney el acercamiento a Europa es una política de supervivencia económica con respaldo interno medible. Australia y Nueva Zelanda no tienen ese incendio en casa: su diversificación mira sobre todo a China y se resuelve, de momento, con instrumentos comerciales clásicos. Bruselas está ofreciendo un estatus que aún no sabe definir a dos países que todavía no han pedido nada.
Con todo, el gesto importa por lo que revela del momento europeo. La Unión lleva dos años buscando fórmulas para socios que no encajan en el molde de la ampliación —Ucrania, Moldavia, los Balcanes, ahora Canadá— y ha empezado a tratar la asociación como política exterior de primer orden, no como el apéndice técnico de un acuerdo de comercio. Metsola lo dijo sin rodeos: en un mundo donde las grandes potencias usan los aranceles como palanca, la UE quiere presentarse como el socio que ofrece reglas en vez de amenazas.
Queda por ver si esa ambición sobrevive al contacto con los Tratados. El CETA con Canadá, aplicado provisionalmente desde 2017 y aún sin ratificar por todos los Estados miembros, es el recordatorio más elocuente de lo que ocurre cuando Bruselas promete más rápido de lo que sus Veintisiete pueden entregar. Si al final de este debate el «miembro asociado» resulta ser un acuerdo de asociación del artículo 217 con un nombre más vistoso, la noticia no habrá sido la lista de aspirantes: habrá sido la distancia entre la retórica geopolítica europea y su capacidad real de cumplirla.
