El Pleno del Congreso aprueba la ley de Memoria Democrática y la envía al Senado para continuar su tramitación

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el proyecto de Ley de Memoria Democrática, con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, PNV Bildu, PDeCAT, Más País y Compromís, frente al ‘no’ del PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP. Esquerra Republicana y el BNG han optado por la abstención porque aunque aprecian avances, les sigue pareciendo insuficiente. La norma continuará ahora su tramitación en el Senado con vistas a ser aprobada definitivamente a la vuelta del verano.

Esta ley, que supone una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después se metió en ‘la nevera’ al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante, ya que a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos se sumó el rechazo inicial de ERC.

Fue el pasado mes de junio cuando el proyecto se sacó del cajón para reactivar la tramitación, una vez que PSOE y Unidas Podemos habían acercado posturas con otras formaciones minoritarias. Así, la Ley de Memoria Democrática superó la fase de ponencia tras introducirse varias enmiendas pactadas con Bildu, PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.

VICTIMAS HASTA 1983, 5 AÑOS DESPUÉS DE LA CONSTITUCIÓN

El grueso de los acuerdos se alcanzó con Bildu, empezando por ampliar hasta 1983, cinco años después de aprobada la Constitución, el reconocimiento de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y la posible reparación económica que ello conllevase.

En concreto, la ley mandata al Gobierno a crear, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas “por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983”. Ese estudio deberá recoger “posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo”.

Además, el PSOE y Unidas Podemos acordaron también con la coalición aberztale en el seno del Consejo de la Memoria Democrática una comisión estatal independiente de carácter académico para “contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura”. Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma “objetiva e imparcial”.

Desde la Ley de Amnistía de 1978, España ha destinado más de 21.000 millones de euros para reparaciones económicas a unas 608.000 víctimas de la Guerra y del franquismo, y se considera que lo que está pendiente son incautaciones de bienes de entidades como ateneos culturales y el expolio de papel moneda.