El 15 de mayo de 2011, más de 100.000 personas salieron a la calle en medio centenar de ciudades españolas bajo un lema que sonaba a ultimátum: «No nos representan». Cuatro años después, el bipartidismo que había gobernado el país desde la Transición se quedó sin mayoría social: en las elecciones generales de 2015, PP y PSOE sumaron apenas el 50,7 % de los votos. El 15M no derogó ninguna ley ni derribó ningún Gobierno —en noviembre de 2011 el PP obtuvo mayoría absoluta—, pero reordenó el mapa político.
Ese es el punto de partida de este recorrido por dieciséis movimientos sociales y civiles de seis continentes que, con banderas, métodos y costes muy distintos, alteraron el rumbo político de sus países: un sindicato que desmontó un régimen, una generación nacida con el teléfono en la mano que tumbó un Gobierno en menos de cuarenta y ocho horas, unas mujeres con pañuelos verdes que cambiaron una ley, una anciana que cruzó a pie un país. Algunos ganaron del todo. Otros ganaron y perdieron después. Todos dejaron una lección sobre cómo se transforma la política cuando la calle deja de ser un escenario y pasa a ser un actor.
Europa: sindicatos, urnas y plazas
Todo empezó con el despido de una gruista, Anna Walentynowicz, en el astillero Lenin de Gdansk. En agosto de 1980 la huelga se extendió por la costa báltica y el Gobierno comunista, que presumía de gobernar en nombre de la clase obrera, tuvo que sentarse a negociar con ella. El Acuerdo de Gdansk del 31 de agosto autorizó el primer sindicato independiente del bloque soviético. Solidarność reunió a unos diez millones de afiliados en poco más de un año, en un país de apenas 35 millones de habitantes.
El general Jaruzelski respondió con la ley marcial el 13 de diciembre de 1981 y la ilegalización del sindicato, pero no pudo borrarlo: pasó a la clandestinidad, contó con el respaldo de la Iglesia católica y del papa Juan Pablo II, y su líder, Lech Wałęsa, recibió el Nobel de la Paz en 1983. Cuando la economía se hundió y las huelgas regresaron en 1988, el régimen aceptó sentarse a la Mesa Redonda. Las elecciones semilibres del 4 de junio de 1989 reservaban la mayoría de escaños del Sejm al bloque comunista, pero Solidaridad ganó 160 de los 161 que se disputaban abiertamente y 99 de los 100 del Senado. En agosto, Tadeusz Mazowiecki se convirtió en el primer jefe de Gobierno no comunista del bloque del Este.
La lección polaca es la de la paciencia: la calle no ganó en 1980, sino nueve años después, cuando el régimen ya no tenía dinero, ni argumentos, ni a una Moscú dispuesta a intervenir. El modelo de la mesa de negociación se exportó después a Hungría y fue una de las llaves de 1989.
Irlanda cambió dos veces en tres años lo que parecía inamovible en uno de los países más marcados por el catolicismo de Europa Occidental. El 22 de mayo de 2015, el 62,1 % votó a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo: fue el primer país del mundo en legalizarlo en las urnas. Tres años después, el 25 de mayo de 2018, el 66,4 % respaldó derogar la Octava Enmienda, que desde 1983 equiparaba el derecho a la vida de la madre con el del no nacido y prohibía casi cualquier aborto.
El segundo cambio no fue un estallido sino una larga acumulación. La muerte de Savita Halappanavar en un hospital de Galway en octubre de 2012, a quien se negó una interrupción del embarazo mientras sufría una septicemia, convirtió un debate abstracto en una causa moral. Después, el sistema político hizo algo poco habitual: para desatascar la cuestión, encargó el debate a una Asamblea Ciudadana de 99 personas elegidas por sorteo, que en 2017 recomendó una reforma mucho más amplia de lo que esperaban los partidos. Parlamento y referéndum siguieron esa senda.
La enseñanza irlandesa es institucional: el movimiento tuvo un cauce. La Iglesia había perdido autoridad moral tras los escándalos de abusos y la deliberación ciudadana permitió a los votantes cambiar de opinión sin sentir que traicionaban su identidad. La ley que regula el aborto entró en vigor el 1 de enero de 2019.
La noche del 21 de noviembre de 2013, el Gobierno de Víktor Yanukóvich suspendió los preparativos para firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, tras meses de presión de Moscú. Unos centenares de jóvenes se concentraron en la plaza de la Independencia de Kiev, el Maidán. Nueve días después, las fuerzas antidisturbios los apalearon de madrugada y el goteo se convirtió en riada: la protesta dejó de ser solo proeuropea para ser una revuelta contra la corrupción y la impunidad del poder.
En febrero de 2014 el pulso se volvió sangriento: entre el 18 y el 20 de febrero murieron unas cien personas, la mayoría manifestantes abatidos por francotiradores. El 22 de febrero Yanukóvich huyó de Kiev, el Parlamento lo destituyó y en mayo Petró Poroshenko ganó las presidenciales en primera vuelta. Ucrania firmó el acuerdo de asociación con la UE ese mismo año.
Fue el movimiento más exitoso de esta lista a corto plazo y probablemente el más caro a largo. A las pocas semanas Rusia se anexionó Crimea y alentó la guerra del Donbás; en 2022 lanzó la invasión a gran escala. El Maidán demuestra que una revuelta no solo cambia un Gobierno, sino también la posición de un país en el tablero internacional, con consecuencias que sus protagonistas no pudieron controlar.
Asia: velas, tractores y la Generación Z
En octubre de 2016, la cadena JTBC reveló que Choi Soon-sil, una confidente sin cargo oficial de la presidenta Park Geun-hye, tenía acceso a documentos de Estado y condicionaba decisiones del Ejecutivo. El 29 de octubre miles de personas se concentraron en Seúl con velas. Las manifestaciones se repitieron cada sábado durante meses, en un tono pacífico y casi festivo, con jornadas que superaron, según los organizadores, el millón de asistentes en todo el país.
La respuesta institucional fue ejemplar: el 9 de diciembre la Asamblea Nacional aprobó la destitución por 234 votos contra 56 —con decenas de diputados del propio partido de la presidenta— y el 10 de marzo de 2017 el Tribunal Constitucional la ratificó por unanimidad. Park fue condenada por corrupción y Moon Jae-in ganó las elecciones anticipadas de mayo.
La calle repitió papel ocho años después. El 3 de diciembre de 2024, el presidente Yoon Suk-yeol decretó la ley marcial; en cuestión de horas, ciudadanos rodearon el Parlamento y los diputados lograron reunirse y anularla. Yoon fue destituido por el Tribunal Constitucional el 4 de abril de 2025 y Lee Jae-myung ganó las elecciones de junio. Una sociedad que ya ha derribado a un presidente conserva los reflejos para volver a hacerlo.
En septiembre de 2020, en plena pandemia, el Gobierno de Narendra Modi aprobó tres leyes para liberalizar la comercialización agrícola. Los agricultores del Punjab y Haryana, que dependen de los precios mínimos que el Estado garantiza para el trigo y el arroz, las vieron como una puerta abierta a las grandes empresas y sin red de seguridad. El 26 de noviembre de 2020 marcharon hacia Delhi y, frenados por la policía, acamparon en las autopistas de acceso.
Aguantaron más de un año: el invierno, el verano, la segunda ola de covid. Las propias organizaciones calculan que unos 700 agricultores murieron durante la protesta. Un Gobierno con mayoría absoluta y poco acostumbrado a retroceder anunció el 19 de noviembre de 2021 que retiraba las tres leyes, y el Parlamento las derogó diez días después. El calendario electoral —en 2022 se votaba en el Punjab y en Uttar Pradesh— ayudó a la decisión.
El movimiento ganó un veto, no un programa: la reclamación de una garantía legal de precios mínimos sigue sin cumplirse y en 2024 los agricultores volvieron a marchar. Pero dejó una evidencia: ni siquiera los gobiernos más fuertes son inmunes a una protesta que se sostiene en el tiempo.
Fue la revuelta más rápida de esta lista. El 4 de septiembre de 2025, el Gobierno de KP Sharma Oli prohibió 26 plataformas, entre ellas Facebook, YouTube y X, por no haberse registrado ante las autoridades. Cuatro días después, miles de jóvenes, muchos aún con uniforme escolar, se concentraron frente al Parlamento en Katmandú bajo la bandera de la Generación Z. La policía abrió fuego y mató a 19 personas ese día. Al siguiente, los manifestantes incendiaron el Parlamento y las casas de varios políticos; Oli dimitió el 9 de septiembre. El balance final de la revuelta superó los 70 muertos.
Lo que movilizó a la calle no fue solo la prohibición, sino un agravio acumulado: la corrupción, el nepotismo de los hijos de la élite política y una economía que empuja a cientos de miles de jóvenes a emigrar. El ejército tomó el control de la capital y Sushila Karki, expresidenta del Tribunal Supremo, fue designada primera ministra interina tras una consulta entre los propios jóvenes.
El desenlace llegó en las urnas. En las elecciones del 5 de marzo de 2026, el partido Rastriya Swatantra (RSP), fundado hacía menos de cuatro años, obtuvo 182 de los 275 escaños. Su candidato, Balendra Shah, exraper y alcalde de Katmandú, derrotó por casi 50.000 votos al propio Oli en su feudo de Jhapa y juró como primer ministro el 27 de marzo, a los 35 años: el más joven del país en décadas y el primero de la comunidad madhesi. Nepal es el ejemplo más claro de la nueva generación de revueltas —convocadas en redes, sin líderes visibles y con una traducción electoral inmediata—; todavía es pronto para saber si el Gobierno que salió de ellas cumple sus promesas.
África: de Soweto a Nairobi
El apartheid no cayó de un golpe. El 16 de junio de 1976, miles de escolares de Soweto marcharon contra la imposición del afrikáans en la enseñanza y la policía abrió fuego: el levantamiento, que se extendió por todo el país, dejó cientos de muertos y encendió a una generación de activistas.
En los años ochenta el movimiento se organizó. El Frente Democrático Unido, fundado en 1983, agrupó a más de cuatrocientas organizaciones vecinales, religiosas, juveniles y sindicales, y la central COSATU (1985) paralizó la minería y la industria. Hacia fuera, las campañas de boicot y desinversión, con sanciones económicas y deportivas, golpearon a un régimen que se sostenía sobre la prosperidad de la minoría blanca. Tras dos estados de emergencia, el presidente F. W. de Klerk legalizó el CNA el 2 de febrero de 1990 y liberó a Nelson Mandela nueve días después.
Las primeras elecciones multirraciales, el 27 de abril de 1994, dieron al CNA el 62,7 % de los votos. La democracia política era plena; la económica, no: Sudáfrica sigue siendo una de las sociedades más desiguales del planeta, y esa brecha ayuda a explicar la erosión del partido que lideró la liberación, que en 2024 perdió por primera vez la mayoría absoluta.
El 17 de diciembre de 2010, Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante de 26 años, se prendió fuego frente a la sede del Gobierno regional de Sidi Bouzid después de que la policía le confiscara su puesto de fruta. Murió el 4 de enero. Su gesto condensó años de humillación cotidiana, desempleo juvenil y corrupción del clan del presidente Ben Alí, que gobernaba desde 1987.
Las protestas se extendieron del interior pobre a la costa y a la capital, con las estructuras locales del sindicato UGTT como apoyo. El ejército se negó a disparar contra la multitud. El 14 de enero de 2011, veintiocho días después de la inmolación, Ben Alí huyó a Arabia Saudí. La chispa prendió en Egipto, Libia, Yemen, Siria y Bahréin: había empezado la Primavera Árabe.
Túnez fue el único país que convirtió aquella ola en una transición democrática: elecciones libres, una Constitución consensuada en 2014 y un Premio Nobel de la Paz en 2015 para el Cuarteto del Diálogo Nacional (sindicato, patronal, abogados y derechos humanos). Pero el 25 de julio de 2021 el presidente Kais Saied suspendió el Parlamento y concentró poderes, y en 2022 se aprobó una Constitución presidencialista con una participación de en torno al 30 %. Buena parte de aquellas conquistas se ha revertido.
En junio de 2024, el Gobierno de William Ruto presentó una ley de presupuestos que subía impuestos —entre ellos un IVA del 16 % al pan y un gravamen anual a los vehículos— para recaudar cerca de 2.700 millones de dólares con la deuda pública asfixiando las cuentas. La respuesta vino de jóvenes urbanos sin partido ni líder, convocados con hashtags como #RejectFinanceBill2024 en X y TikTok.
El 25 de junio, la multitud asaltó el Parlamento de Nairobi y prendió fuego a parte del edificio; la policía respondió con munición real y la protesta se saldó con decenas de muertos. Al día siguiente, Ruto anunció que retiraba el proyecto y, en julio, destituyó a casi todo su gabinete.
El impacto fue inmediato, pero la agenda de fondo —deuda, desempleo, corrupción— no ha desaparecido. En 2025 las manifestaciones se reprodujeron en el aniversario, con nuevas víctimas mortales y con el presidente como objetivo directo. Kenia ilustra la protesta posideológica que gana batallas concretas y aún no ha encontrado cómo convertir esa fuerza en poder.
América del Norte y Central: autobuses y plazas
El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks fue detenida en Montgomery (Alabama) por no ceder su asiento en un autobús a un pasajero blanco. La comunidad afroamericana, organizada en torno a sus iglesias y a un joven pastor de 26 años llamado Martin Luther King Jr., boicoteó el transporte público durante 381 días. El Tribunal Supremo declaró inconstitucional la segregación en los autobuses y el boicot terminó en diciembre de 1956.
Lo que siguió fue una estrategia de acción directa no violenta —sentadas, marchas, los «viajes de la libertad»— que buscaba provocar la violencia del adversario ante las cámaras. Las imágenes de Birmingham en 1963 y de Selma en 1965, donde la policía cargó contra una marcha pacífica en el «Domingo Sangriento», movieron a la opinión pública del norte. El presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Derechos Civiles el 2 de julio de 1964 y la Ley del Derecho al Voto el 6 de agosto de 1965.
El efecto sobre las urnas fue fulminante: en Misisipi, el porcentaje de votantes negros registrados pasó de cerca del 7 % en 1964 a cerca del 60 % en 1967. Pero la conquista no es irreversible: en 2013 el Tribunal Supremo anuló la fórmula de la Ley del Voto que obligaba a los estados con historial de discriminación a pedir autorización antes de cambiar sus normas electorales.
En abril de 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, y la Fiscalía destaparon «La Línea», una red de sobornos en la aduana que alcanzaba al círculo de la vicepresidenta Roxana Baldetti y del presidente Otto Pérez Molina, un general retirado elegido con la promesa de mano dura. El 25 de abril, convocados por redes sociales y sin siglas, miles de guatemaltecos llenaron la Plaza de la Constitución para exigir su renuncia: #RenunciaYa.
Baldetti dimitió el 8 de mayo; Pérez Molina, que el 1 de septiembre perdió la inmunidad, lo hizo el día 2 y al siguiente ingresó en prisión preventiva. En un país con larga tradición de impunidad, fue un hecho inédito: un presidente en ejercicio caía por una investigación judicial y una protesta pacífica. Las elecciones las ganó un cómico de televisión, Jimmy Morales, con el lema «ni corrupto, ni ladrón», que en 2019 expulsó a la CICIG cuando sus pesquisas llegaron a su entorno.
La revuelta moral de 2015 tuvo una segunda parte ocho años después, esta vez con los pueblos indígenas como protagonistas. Tras la sorprendente victoria de Bernardo Arévalo, de Semilla, en la segunda vuelta del 20 de agosto de 2023 (con en torno al 61 % de los votos), la Fiscalía intentó suspender a su partido y anular el resultado. Las autoridades indígenas convocaron un paro nacional que bloqueó carreteras durante más de cien días. Arévalo tomó posesión, tras horas de maniobras en el Congreso, en la madrugada del 15 de enero de 2024.
América del Sur: agua, pañuelos y estallidos
En 2000, el Gobierno de Hugo Banzer cedió el servicio de agua de Cochabamba a un consorcio internacional, Aguas del Tunari, en el que participaba la estadounidense Bechtel, y las facturas se dispararon. Tras meses de movilización de la Coordinadora del Agua y de la Vida, con bloqueos y un adolescente muerto, el contrato se canceló en abril.
Esa victoria fue el prólogo de la Guerra del Gas de 2003. Cuando el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada planeó exportar gas natural a través de puertos chilenos, El Alto, la ciudad aymara a las puertas de La Paz, se levantó. La represión causó alrededor de sesenta muertes y el 17 de octubre el presidente huyó del país.
Dos años después, el 18 de diciembre de 2005, Evo Morales, dirigente cocalero, ganó las elecciones con el 53,7 % y se convirtió en el primer presidente indígena de Bolivia. Nacionalizó los hidrocarburos y refundó el país como Estado Plurinacional con la Constitución de 2009. Su ciclo se quebró en 2019, cuando dimitió tras las denuncias de fraude en su reelección, y se cerró en 2025: el MAS sufrió su peor derrota en las urnas y el democristiano Rodrigo Paz ganó la segunda vuelta con el 54,6 %. Veinte años de un proyecto nacido en la calle terminaron, también, en las urnas.
El 3 de junio de 2015, tras el asesinato de Chiara Páez, una adolescente de 14 años embarazada, decenas de miles de personas se congregaron frente al Congreso en Buenos Aires bajo el lema «Ni Una Menos» contra la violencia machista. Fue la primera de unas marchas masivas que se repitieron cada 3 de junio y se extendieron por toda América Latina.
Esa energía se encontró con una campaña más antigua, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, nacida en 2005 y con un símbolo: el pañuelo verde. En 2018 el Congreso debatió por primera vez a fondo la legalización: Diputados la aprobó por 129 votos contra 125, pero el Senado la rechazó por 38 contra 31 tras una sesión de más de quince horas con miles de pañuelos en la calle. Dos años después, el Gobierno de Alberto Fernández envió su propio proyecto y la Ley 27.610 se aprobó en el Senado el 30 de diciembre de 2020 por 38 votos contra 29.
La marea se propagó: la Suprema Corte de México despenalizó en 2021 y la Corte Constitucional de Colombia hizo lo propio en 2022. Pero en 2023 el Gobierno de Javier Milei eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; la ley sigue vigente, aunque el clima político en el que nació ha cambiado.
En octubre de 2019, una subida de 30 pesos en el billete del metro de Santiago —de 800 a 830— fue el detonante de la mayor movilización en Chile desde la dictadura. Estudiantes de secundaria saltaron los torniquetes; el 18 de octubre se incendiaron decenas de estaciones, Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia y dijo que el país estaba «en guerra contra un enemigo poderoso». El 25 de octubre más de un millón de personas llenaron la Plaza Italia de Santiago, rebautizada como Plaza Dignidad.
Detrás del precio del metro había un malestar mucho más hondo: pensiones, sanidad y educación privatizadas, y una Constitución heredada de Pinochet. El 15 de noviembre —veintiocho días después— los partidos firmaron el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución. En el plebiscito del 25 de octubre de 2020, el 78 % votó a favor de redactar un texto nuevo y el 79 % de que lo escribiera una convención elegida íntegramente por los ciudadanos, la primera del mundo con paridad de género y con escaños reservados para los pueblos indígenas.
El resultado político fue paradójico. La generación de las protestas estudiantiles de 2011 llegó a La Moneda con Gabriel Boric, que ganó la presidencia en diciembre de 2021. Pero la propuesta constitucional fue rechazada el 4 de septiembre de 2022 por el 61,9 %, y un segundo intento, esta vez con mayoría de derecha, también fracasó en diciembre de 2023 (55,8 % en contra). En marzo de 2026 asumió la presidencia José Antonio Kast, tras ganar con el 58,3 %, en el mayor giro a la derecha desde el regreso de la democracia. La movilización de 2019 abrió una puerta; no decidió quién entraba por ella.
Oceanía: una marcha y una encuesta postal
En 1975, una mujer de 79 años encabezó una marcha de mil kilómetros. Whina Cooper, dirigente māori del norte de la isla, salió de Te Hāpua el 14 de septiembre al frente de un grupo que fue creciendo hasta reunir a unas cinco mil personas en las escalinatas del Parlamento en Wellington, un mes después. Llevaban una petición con 60.000 firmas y un lema: «Ni un acre más de tierra māori». Durante más de un siglo, las tierras de los pueblos indígenas habían ido pasando a manos de colonos y del Estado.
Ese mismo año, el Gobierno laborista aprobó la Ley del Tratado de Waitangi, que creó un tribunal para investigar los incumplimientos del tratado firmado en 1840 entre la Corona y los jefes māori. Al principio solo podía examinar agravios posteriores a 1975, pero en 1985 su competencia se amplió con carácter retroactivo hasta el origen. Desde entonces, las reparaciones y los acuerdos de compensación han devuelto tierras y recursos y han situado la relación con los māori en el centro de la política neozelandesa.
La fuerza de esa herencia se vio en noviembre de 2024, cuando decenas de miles de personas completaron una nueva hīkoi hasta Wellington contra el proyecto de ley que pretendía reinterpretar los principios del tratado. El texto fue rechazado en el Parlamento en abril de 2025 por 112 votos contra 11.
En 2004, el Gobierno conservador de John Howard modificó la Ley de Matrimonio para definirlo expresamente como la unión entre un hombre y una mujer. Durante más de una década, la campaña por la igualdad matrimonial fue ganando apoyo social sin que el Parlamento se moviera. Cuando el Senado bloqueó en 2016 un plebiscito, el Gobierno de Malcolm Turnbull recurrió a una encuesta postal voluntaria y no vinculante que costó unos 122 millones de dólares australianos.
Entre el 12 de septiembre y el 7 de noviembre de 2017, 12,7 millones de australianos —el 79,5 % del censo— respondieron. El «sí» ganó con el 61,6 % y venció en todos los estados y en 133 de las 150 circunscripciones federales. El Parlamento aprobó la ley el 7 de diciembre, con solo cuatro votos en contra en la Cámara de Representantes, y los primeros matrimonios se celebraron en enero de 2018.
El contraste con lo ocurrido seis años después marca los límites de la fórmula. En el referéndum del 14 de octubre de 2023 sobre una Voz indígena en la Constitución —fruto de la Declaración de Uluru, una iniciativa de los propios líderes aborígenes—, el 60,1 % votó no. Los analistas atribuyen parte de la diferencia a que el matrimonio igualitario pedía lo mismo para todos, mientras que la Voz creaba un órgano específico.
El cronómetro de la calle
No todos los movimientos tardan lo mismo en ver resultados. Las revueltas recientes han comprimido el calendario: en el caso más rápido, un día separó la primera gran protesta de la dimisión de un primer ministro; en el más lento de los que se miden aquí, hicieron falta casi doce meses de acampada. Los procesos largos —Polonia, nueve años; Estados Unidos, casi diez; Argentina, cinco años y medio— no caben en la escala.
Cuando el calendario se acorta, el patrón se repite. Un detonante modesto —30 pesos en el metro, un impuesto al pan, la prohibición de unas redes sociales— destapa un agravio acumulado durante años, y el desenlace depende de una fisura en el poder: en Túnez el ejército se negó a disparar, en Corea del Sur diputados del propio partido de la presidenta votaron su destitución, en Bolivia y en Ucrania el mandatario huyó del país.
El segundo patrón es institucional. Casi ningún movimiento de esta lista ganó sin un cauce que recogiera el testigo: tribunales (Corea del Sur, Estados Unidos, Nueva Zelanda), asambleas ciudadanas (Irlanda), mesas de negociación (Polonia, Sudáfrica), convenciones constituyentes (Chile) o partidos (RSP en Nepal, el MAS en Bolivia, Semilla en Guatemala). Donde falta el cauce —Kenia— o donde lo controla otro —Túnez, el segundo proceso chileno—, la victoria es frágil, y el péndulo regresa.
El 15M, con el que empezaba este recorrido, encaja en la variante menos vistosa pero más frecuente: no obtuvo reformas inmediatas ni derribó a nadie, pero cambió el vocabulario político, dio a una generación una cultura propia y acabó reconfigurando el sistema de partidos cuando esa generación encontró vehículos electorales. Lo mismo ocurrió en Chile, donde los estudiantes de 2011 llegaron a La Moneda once años después, y ocurre hoy en Nepal, donde la Generación Z no esperó ni seis meses para votar. La historia que dejan estos dieciséis casos sugiere que la calle rara vez gobierna, pero a menudo decide quién puede hacerlo.
