La titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha acordado dejar sin efecto el auto de 21 de julio en el que suspendió el pago de 34 millones de euros que corresponden al segundo tramo del rescate a Plus Ultra.
En un auto de este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada ha estimado el recurso presentado por la aerolínea, por lo que ha desbloqueado el abono que quedaba pendiente de la ayuda de 53 millones de euros concedida a la compañía.
La juez ha estimado que la suspensión de la entrega del préstamo participativo de 34 millones de euros “puede suponer el riesgo de insolvencia definitiva de Plus Ultra, obligándola a dejar de operar y creando un perjuicio a los pasajeros que han pagado por anticipado”.
En el marco de su resolución, la instructora ha precisado que la medida cautelar adoptada no estaba dirigida al “embargo de una cantidad para asegurar una responsabilidad civil o el decomiso de una cantidad ilícita”. Así, ha explicado que se trataba de una “suspensión temporal” para “evitar la consumación definitiva de un posible delito de malversación o fraude de subvenciones mientras se comprueba la existencia de estos posibles delitos”.
La magistrada ha asegurado que, aunque “todavía no se ha producido ningún perjuicio a la administración“, en la causa se investiga la “hipótesis de haber estregado estos préstamos a una empresa en crisis sin ninguna posibilidad” de devolver los importes adquiridos.
POR AHORA “NO HAY INDICIOS”
Según consta en la resolución, “por ahora y a la espera de la pericial judicial”, la instructora considera que “no hay indicios objetivos” del delito de fraude en la obtención de ayudas públicas, “salvo las alegaciones de las acusaciones populares”.
También ha asegurado que “por ahora no aparece delito de cohecho alguno ante la absoluta falta de referencia a la dávida o contraprestación por el presunto otorgamiento fraudulento de la ayuda”, ni delito de tráfico de influencias, “pues tampoco hay referencia alguna a ninguna situación objetiva de prevalimiento, por razones de amistad, parentesco, jerarquía a la que debe sumarse un acto de influencia”.
En este sentido, la juez ha subrayado que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) aprobó la ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra “tras el filtro de los informes de un asesor financiero exterior y un asesor legal externo”, quienes “comprobaron” el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa para otorgar ayudas a la solvencia de “empresas estratégicas”.
