El PSOE y Sumar llevaran este jueves al Pleno del Congreso una declaración censurando las ‘leyes de concordia’ promovidas por el PP y Vox en Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana para derogar sus anteriores leyes de memoria. Según alegan, esas nuevas normas buscan hacer desaparecer “la condena del golpe de Estado de 1936”, equiparar “un régimen democrático con el dictatorial franquista” y “eliminar los mapas de fosas” en estos territorios.
Así consta en la enmienda que han pactado el PSOE y Sumar y que se someterá a votación en el Pleno de la Cámara. El texto tiene su origen en una proposición no de ley defendida por los socialistas en la sesión plenaria del martes.
En ese debate, los aliados parlamentarios del Gobierno de coalición exigieron al Ejecutivo que desarrolle todos los puntos de la Ley de Memoria Democrática que siguen pendientes de aplicación un año y medio después de su entrada en vigor porque no basta con hacer frente a las denominadas ‘leyes de concordia’ que están impulsando el PP y Vox para derogar las leyes autonómicas allí donde gobiernan juntos.
A través del texto que se aprobará este jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, el Congreso mostrará su “absoluto rechazo” a las las normas memorialistas de PP y Vox porque buscan evitar la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
OPOSICIÓN FRONTAL AL EUFEMISMO “CONCORDIA”
Asimismo, la Cámara mostrará su “oposición frontal” al uso del término “concordia” como “eufemismo para que desaparezca la condena del golpe de Estado de 1936 y para equiparar “un régimen democrático con el dictatorial franquista” o eliminar los mapas de fosas.
En este contexto, el Congreso instará al Gobierno a preservar la memoria democrática en todo el territorio del Estado ante las iniciativas que pretenden derogarla.
Además, el Pleno reiterará el “compromiso” de España con los mandatos otorgados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Ley de Memoria Democrática de “acatar la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria colectiva relativa a las violaciones manifiestas de los Derechos Humanos.
El texto registrado por PSOE y Sumar, recalca que este mandato incluye a los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), así como a todas las entidades del Gobierno (estatal, autonómico y local) y que todos ellos deben garantizar que se preserva la memoria de las víctimas de esas violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, “en tanto que elemento esencial de la reparación debida a las víctimas y de las garantías de verdad, justicia y no repetición de la violencia pasada”.
