El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó la implantación del llamado “Ingreso Mínimo Vital” (IMV), que podría reclamarse desde el 15 de junio, para aplicarse, con efectos retroactivos, desde el 1 de junio.
Dada la urgencia con la que se ha planteado la medida, hoy mismo ha sido publicado ya el Decreto-Ley en el BOE.
Ahora queda la tramitación parlamentaria del citado Decreto Ley, que a efectos de jerarquía normativa, una vez convalidado en el plazo máximo de 30 días por el Congreso, tendrá a todos los efectos rango de ley. Se prevé que se someterá al Congreso mucho antes de que se cumpla ese plazo.
En cuanto a cuál será la postura de los distintos grupos, no parece que vaya a haber problemas para su aprobación, que no requiere mayoría absoluta, sino que se emitan “más votos favorables que contrarios”.
Además del respaldo de los grupos que componen el gobierno, se da por descontado el voto favorable de varios partidos nacionalistas y regionalistas, o, como mucho, que algunos de ellos se descuelguen hacia la abstención. Ciudadanos ya ha manifestado por su parte que considera el IMV “absolutamente necesario”, mientras que algunas fuentes del PP (por ejemplo Jaime de Olano) manifiestan que votarán a favor, mientras que otros (como Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social del partido) señalan, con más cautela, que en cualquier caso “no votarán en contra”, pero, puesto que el texto adolece de defectos serios, intentarán que se tramite como ley ordinaria (aunque sea por el procedimiento de urgencia) y no solo mediante una votación final de refrendo del decreto-ley.
Por su parte Vox parece inclinarse hacia el “no”, al manifestar que provocará un “efecto llamada a gritos” para colectivos de inmigrantes ávidos de recibir la prestación.
