El asunto de la subida del precio de la luz es, sin duda, la estrella durante estos días en el debate político español.
Ante la creciente presión social y las demandas de una actuación inmediata, que además incorporan las visiones distintas y en ocasiones contrapuestas, que sobre el tema tienen los dos partidos de la coalición del Gobierno, Sánchez ha decidido adelantar la toma de medidas, y este mismo martes el Consejo de Ministros aprobará un nuevo paquete.
Pero previamente incluso, el presidente ha acudido a TVE para anunciarlo. Después de la bajada del IVA de hace más de un mes, Sánchez ha anunciado una bajada del impuesto especial a la energía eléctrica del 5,1% al 0,5% . Esto supondría una rebaja adicional en la factura final que pagan los ciudadanos y supone bajar la tarifa hasta el tipo” mínimo que nos exige la legislación comunitaria”.
Pero el mensaje de más calado que ha dejado caer Sánchez es que el Gobierno “detraerá los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas“, repercutiéndolos en el consumidor para “topar” uno de los cuellos principales de la situación actual: el precio del gas.
Sánchez señala que “Hay empresas energéticas que están teniendo beneficios extraordinarios. No me parece aceptable en tanto en cuanto los beneficios les vienen de la evolución del precio energético en los mercados internacionales”. Según el presidente, la medida del Gobierno supondrá unos 650 millones de euros que irán directamente del “bolsillo” de las eléctricas al de los particulares. “Se lo pueden permitir”, ha señalado el presidente, en referencia a las empresas del sector.
En cuanto a la pérdida de recaudación que eso supondría, se eleva a 1.400 millones de euros, que vienen a sumarse a la disminución de ingresos por la bajada del IVA y del impuesto a la electricidad.
La relajación de la regla de gasto de la Unión Europea a causa del covid-19 permitirá al gobierno español asumir estas rebajas, que aumentarán el déficit, sin que, en principio, afecten al Plan de Estabilidad aprobado por Bruselas ni impliquen censura europea alguna. No obstante, hay que recordar que la llegada de fondos depende de la periódica revisión por parte de las instituciones europeas del cumplimento de los objetivos fijados por el plan presentado por España ante el Ejecutivo comunitario.
