Pedro Sánchez lo ha afirmado rotundamente: “Las pensiones no bajarán. Y no entra en nuestra previsión tocar el sueldo a los funcionarios”. Pero el presidente sabe que los ingresos fiscales, si no se cambian las figuras actualmente vigentes, bajarán en niveles de “dos dígitos” (al menos un 10%, y para muchos tributos, y bastante más que eso).
Así que las cuentas no cuadran. Por eso, en sus declaraciones del día 2 a La Sexta, reconoció también por primera vez que los presupuestos, que espera tener aprobados antes de fin de año, tendrán que contemplar una reforma fiscal. ¿En qué línea? Sánchez afirmó que “España está siete puntos por debajo en recaudación respecto a la media Europea”, así que la idea es clara: aumentar la recaudación.
Las recomendaciones del Banco de España están ahí: el impuesto más general, más recaudatorio y que más posibilidades ofrece para conseguir ingresos altos sin provocar efectos demasiado indesados es el IVA. Pero Sánchez se resiste: conoce el impacto económico y mediático que tendría una subida de este impuesto, y trata de evitarlo como sea. La idea, muchas veces transmitida, de que que no deberían subirse los impuestos a las clases medias sino a grupos especialmente privilegiados o a actividades que hasta ahora hayan quedado fuera de la tributación, quedaría desacreditada.
Las alternativas que se manejan son variadas:
- Impuesto a las tecnológicas (la llamada tasa Google)
- Impuesto a las transacciones financieras (tasa Tobin).
- Equiparación entre la fiscalidad del diesel y la gasolina, con la consiguiente subida recaudatoria por el primer concepto, y otras reformas adicionales en el Impuesto sobre Hidrocarburos.
- Impuesto de Sucesiones (Comunidades autónomas), mediante una armonización que garantice la suficiencia recaudatoria de estas, quizás mediante la exigencia de que TODAS cobren algún tipo mínimo por este impuesto, sin que puedan dejarlo exento.
- Impuesto sobre el Patrimonio (Comunidades autónomas)
- Impuesto especial a las grandes fortunas, al margen de los anteriores (defendido por U.P. y que despierta menos simpatías en sectores socialistas), y eliminación de determinados privilegios y exenciones fiscales, como los que disfruta la Iglesia Católica (IBI,…)
- Impuesto sobre los plásticos (vinculado a la nueva ley de residuos, que impondrá fuertes restricciones en este sector)
- Impuesto sobre sociedades, elevando la tributación general y, sobre todo, estableciendo un porcentaje mínimo a pagar por las grandes empresas, gocen de las deducciones y bonificaciones de las que gocen.
- Subida de los tramos más altos del Impuesto sobre la Renta.
Algunas de estas medidas ya han sido descartadas, o están a punto de serlo, porque no hay acuerdo entre los dos socios del gobierno o porque Bruselas no las aprobaría. Otras tendrían una escasa capacidad recaudatoria, y otras más podrían provocar fugas de empresas que reducirían aún más la capacidad de recaudación por otros tributos y podrían, por si fuera poco, generar más desempleo y deprimir la demanda interna. Pero al mismo tiempo varias de ellas plantean alternativas interesantes que podrían permitir al gobierno una “respuesta social” muy en la línea de los deseos de sus votantes, y muy diferente a como se solventó la crisis de 2008.
Mientras tanto, seguimos con los presupuestos de 2018, aprobados en unas circunstancias completamente diferentes y que no pueden presentarse como aval ante la Unión Europea. Nos exigen presentar (y aprobar) unos nuevos, pero ¿cómo lograr que cuadren?
Si se descarta rebajar pensiones, sueldos de funcionarios u otras cuantiosas transferencias, ¿qué se puede hacer? La piedra de toque final será la subida del IVA: si el gobierno consigue evitarla o no, será quizás el asunto más espinoso de los próximos meses.
