Suiza vuelve a las urnas este domingo, 27 de septiembre, en la tercera de las cuatro jornadas federales de 2026. El electorado decide sobre dos iniciativas populares: la Iniciativa de Neutralidad, que quiere blindar en la Constitución una neutralidad «perpetua y armada» y prohibir las sanciones contra países en guerra, y la Iniciativa de Alimentación, que fija un objetivo de autoabastecimiento del 70% apoyado en más producción vegetal. Las dos llegan con el Consejo Federal y el Parlamento en contra, y las dos parten como perdedoras en los sondeos. Como toda iniciativa popular, necesitan una doble mayoría: la del voto popular y la de los cantones.
SVP-UDC
SP-PS
FDP-PLR
Die Mitte
Grüne-Verts
Grünliberale
EVP-PEVIniciativa de Neutralidad: sin alianzas y sin sanciones
La iniciativa «Por la salvaguarda de la neutralidad suiza» nació en noviembre de 2022, pocos meses después de la invasión rusa de Ucrania y de la decisión del Consejo Federal de sumarse a las sanciones de la UE contra Moscú. La lanzó Pro Schweiz, un movimiento soberanista fundado al calor de la propia campaña con la presencia del ex consejero federal Christoph Blocher, patriarca de la UDC. El comité lo preside el ex diputado de la SVP Walter Wobmann e incluye al jefe del grupo parlamentario del partido, Thomas Aeschi. Las firmas, cerca de 133.000, se registraron en abril de 2024.
El texto propone inscribir en la Constitución una neutralidad «perpetua y armada» y concreta lo que eso supone: Suiza no podría adherirse a ninguna alianza militar o de defensa (solo cooperar con otros ejércitos si sufre o va a sufrir un ataque), no participaría en guerras ajenas y, sobre todo, no podría imponer sanciones económicas o diplomáticas a un Estado beligerante salvo cuando las ordene el Consejo de Seguridad de la ONU. Además, obligaría a la Confederación a ofrecer sus buenos oficios como mediadora. En la práctica, supondría levantar las sanciones actuales contra Rusia, motivo por el que sus detractores la han bautizado como la «iniciativa pro-Putin».
El Gobierno, por boca del ministro de Exteriores Ignazio Cassis, admite que buena parte del articulado ya coincide con la práctica actual (Suiza no puede entrar hoy en una alianza defensiva y ya ejerce de mediadora), pero considera que fijar una neutralidad rígida en la Constitución recortaría el margen de maniobra de la política exterior. En el Parlamento se debatió un contraproyecto que definía la neutralidad sin prohibir las sanciones; Blocher llegó a mostrarse dispuesto a retirar la iniciativa a cambio, pero no obtuvo mayoría y la propuesta llega a las urnas sin alternativa.
Los sondeos del instituto gfs.bern para la radiotelevisión pública apuntan a una derrota amplia. En apenas un mes, el «no» ha ganado nueve puntos hasta el 63%, frente a un 34% de apoyos, y el 83% de los encuestados declara una intención de voto firme. El giro atraviesa todos los grupos: el voto rural, que al comienzo de la campaña se mostraba más receptivo, se ha alineado con el urbano, y más de dos tercios creen que la iniciativa debilitaría la seguridad de Suiza al limitar su cooperación con otros países. Los mayores de 65 años, que vivieron una Guerra Fría en la que Suiza era neutral en lo militar pero occidental de facto, son los más críticos.
Es el único gran partido que respalda la iniciativa, con una consigna aprobada por unanimidad. La propuesta sale de su entorno y Blocher ha invertido más de dos millones de francos en la omnipresente campaña «Kein Krieg» («No a la guerra»). Aun así, el apoyo entre sus votantes ha caído nueve puntos, hasta el 77%: la neutralidad no moviliza a sus bases como la inmigración o la relación con la UE. Llamativamente, Blocher pasará la jornada en el extranjero y no comentará el resultado.
Los socialistas encabezan el rechazo desde la izquierda. Su argumento central es que la iniciativa haría imposibles las sanciones y socavaría el derecho internacional: con ella, Suiza tendría menos capacidad de reacción en futuras crisis, se replegaría de su responsabilidad global y debilitaría su tradición humanitaria.
El partido del ministro Cassis defiende la neutralidad armada «que ya practicó el general Guisan en las horas más oscuras», pero rechaza convertirla en un eslogan de partido. Es de los que con más dureza ha etiquetado la propuesta como una iniciativa pro-Putin que favorecería a los agresores.
El centro democristiano pide el «no», aunque es la familia donde la iniciativa ha encontrado algunos apoyos individuales: además de la SVP, solo un puñado de políticos centristas se ha sumado al «sí». La consigna oficial se alinea con el Consejo Federal, en el que el partido ocupa un asiento.
Los Verdes rechazan la propuesta (los Jóvenes Verdes de Glaris, por ejemplo, votaron el «no» por unanimidad) y se suman al argumento del bloque contrario: una neutralidad que impide sancionar las violaciones más flagrantes del derecho internacional choca con los valores suizos, más aún con un Consejo de Seguridad de la ONU bloqueado por los vetos.
Los verdes liberales la ven como «otra iniciativa de aislamiento» que cuestiona los valores de una Suiza abierta, muy conectada con el exterior y dependiente de sus vecinos. Abogan por una neutralidad pragmática y adaptable que deje al Consejo Federal y al Parlamento margen para ajustarla a la situación internacional.
Los evangélicos hablan de imponer «anteojeras» a la política exterior. Reivindican la neutralidad como un bien histórico que protege al país y le permite mediar, pero rechazan una versión que mire hacia otro lado ante la injusticia y se lucre de los conflictos en lugar de sancionar las violaciones del derecho internacional.
Iniciativa de Alimentación: un 70% de autoabastecimiento
La iniciativa «Por una alimentación segura», impulsada por la activista Franziska Herren (la misma que promovió la iniciativa sobre el agua potable rechazada en 2021), quiere que Suiza produzca una parte mucho mayor de lo que come para depender menos del exterior. Su eje es que la Confederación persiga un grado de autoabastecimiento neto de al menos el 70% en un plazo de diez años, cuando hoy ronda el 47%.
Para lograrlo, la agricultura suiza tendría que producir menos alimentos de origen animal y más de origen vegetal, de modo que la misma superficie alimente a más gente. El texto añade la protección del agua potable, la fertilidad del suelo y la biodiversidad, con un menor uso de fitosanitarios y fertilizantes. Sus defensores recuerdan que buena parte de las subvenciones agrarias va a la producción animal y que gran parte de la tierra cultivable se dedica a forraje. Sus rivales han llevado el debate al terreno de la «dieta vegana obligatoria», un marco que incluso algunos de los que no apoyan la iniciativa consideran exagerado.
El Consejo Federal dice compartir los objetivos, pero juzga la meta demasiado ambiciosa e inviable en los plazos fijados. Ningún grupo parlamentario la ha respaldado y tampoco lo ha hecho ninguna de las grandes organizaciones ecologistas; Pro Natura incluso pide el «no». Tanto los Verdes como los socialistas y la EVP lamentan que no prosperara un contraproyecto que recogiera parte de sus planteamientos.
La campaña ha dado la vuelta a esta votación. En agosto, la primera oleada de la SRG dibujaba un empate técnico con el «sí» en el 47%; tres semanas antes de la cita, el apoyo se ha desplomado 14 puntos hasta el 33%, con un 64% en contra. El descenso se repite en prácticamente todos los grupos y los simpatizantes de cada partido se han ido acercando a las consignas de sus formaciones. Con todo, la opinión está menos asentada que en la neutralidad (71% de voto firme) y el respaldo a los argumentos de la iniciativa sigue siendo claramente superior al apoyo al texto concreto.
Es la única excepción al frente del «no». Los Verdes comparten la orientación de fondo (menos productos animales, más protección del agua), pero consideran que un autoabastecimiento rígido del 70% en diez años es irrealista y ecológicamente contraproducente, porque podría forzar una agricultura aún más intensiva. Su contraproyecto en el Parlamento no prosperó.
Los socialistas comparten el diagnóstico sobre clima y biodiversidad, pero rechazan el salto del 47% al 70% en solo diez años, que a su juicio no sería posible sin restricciones y racionamientos. También advierten de que las rentas más bajas podrían dejar de permitirse carne y lácteos. Algunas secciones cantonales, como la de Nidwalden, han optado por la libertad de voto.
«Bien intencionada no basta». La EVP dice defender desde siempre la fertilidad del suelo, la biodiversidad y el agua potable, pero cree que la meta del 70% exigiría una transformación masiva del campo suizo sin un beneficio sustancial, y lamenta que el Parlamento no aprobara un contraproyecto.
Los verdes liberales se alinean con el rechazo general pese a su perfil ecologista, en coherencia con un Parlamento que no dio un solo apoyo al texto. Secciones como la del Valais han votado el «no» a las dos iniciativas del domingo.
El centro democristiano rechaza la iniciativa en la línea del Consejo Federal. La Unión Suiza de Campesinos, muy ligada a su electorado rural, también se opone y su presidente ha sido uno de los rostros del «no» en los debates televisados.
Los liberales-radicales piden el «no», en el mismo bando que las patronales y el sector turístico, que también se han posicionado contra la propuesta.
El único «sí» de la jornada para la SVP es la neutralidad: frente a la iniciativa alimentaria, el partido aprobó el «no» por unanimidad, igual que su potente sección de Berna.
La jornada, por tanto, tiene más de confirmación que de incógnita: si se cumplen los sondeos, el electorado rechazará las dos propuestas y la neutralidad seguirá siendo lo que es hoy, una política flexible definida por el Gobierno y no un corsé constitucional. La participación prevista, del 49%, supera ligeramente la media histórica (47,4%) y está tirada por los simpatizantes de la GLP y los Verdes, mientras que los de la SVP y los votantes sin partido aparecen por debajo de la media, un reparto que no favorece al «sí» a la neutralidad. El verdadero dato a vigilar será la distancia: tras rozar el 45% en junio con su iniciativa contra una «Suiza de diez millones», un resultado holgado del «no» dejaría a la SVP ante un aviso de que su hegemonía en la agenda soberanista tiene límites cuando el debate pasa de la inmigración a la seguridad.
