Suiza: referéndum sobre techo demográfico y acceso al servicio civil

El próximo 14 de junio de 2026 los suizos vuelven a las urnas en una de las citas más cargadas de simbolismo político de la legislatura. Sobre la mesa, dos preguntas aparentemente técnicas pero de calado constitucional: si la Confederación debe blindar por ley un techo demográfico de diez millones de habitantes —reabriendo, de hecho, el contencioso de la libre circulación con la Unión Europea— y si conviene endurecer el acceso al servicio civil para reforzar un ejército menguante. Detrás de ambas papeletas late el mismo debate de fondo que recorre Europa: hasta dónde puede crecer un país pequeño, próspero y rodeado de tensiones geopolíticas sin alterar el contrato social que lo ha sostenido durante décadas.

Una democracia directa ante el espejo demográfico

Suiza cerró 2025 con cerca de 9,1 millones de residentes permanentes, una cifra que hace apenas una generación parecía inalcanzable. Desde la entrada en vigor de los acuerdos de libre circulación con la Unión Europea en 2002, la población helvética ha aumentado en alrededor de 1,7 millones de personas, un crecimiento sostenido casi exclusivamente por flujos migratorios procedentes de la UE y vinculados al mercado laboral. Hoy, en torno al 27% de los residentes son extranjeros, una proporción muy superior a la de cualquiera de sus vecinos.

Ese pulso entre prosperidad y saturación es el caldo de cultivo en el que la Unión Democrática de Centro (UDC/SVP), primera fuerza del Parlamento Federal, ha logrado articular la llamada Iniciativa de Sostenibilidad, conocida popularmente como «No a una Suiza de diez millones». La pregunta —binaria, breve, casi notarial— esconde una de las reformas constitucionales más ambiciosas en materia migratoria que ha conocido el país desde la iniciativa «contra la inmigración masiva» de 2014.

Qué dice exactamente el texto que se vota

La iniciativa propone inscribir en la Constitución Federal un límite legal de diez millones de residentes permanentes antes de 2050. El mecanismo no es solo declarativo: el texto introduce un umbral de alerta a los 9,5 millones a partir del cual el Consejo Federal y las Cámaras estarían obligados a adoptar medidas correctoras. Entre las palancas previstas figuran restricciones al asilo, endurecimiento de la reagrupación familiar y, en última instancia, la renegociación —o denuncia— del acuerdo de libre circulación de personas con la UE si fuese imprescindible para respetar el techo.

Conviene subrayar que la iniciativa no decreta una expulsión ni un cupo inmediato. Lo que hace es elevar a rango constitucional una obligación de resultado para el Ejecutivo, dejando los instrumentos concretos a una ley posterior. Es esa indeterminación, precisamente, la que sus detractores señalan como su mayor riesgo: activar una bomba de relojería jurídica cuyo desactivado podría requerir, en el peor de los escenarios, hacer saltar por los aires el entramado bilateral con Bruselas.

Una alineación parlamentaria atípica: la UDC contra todos

El mapa de apoyos reproduce, con matices, la fractura clásica de la política suiza en materia migratoria, pero con una asimetría notable. La SVP-UDC defiende la iniciativa en solitario entre los grandes partidos. Socialistas (PS), Verdes, Verdes Liberales (PVL) y Centro se oponen frontalmente. El PLR (Liberales-Radicales), históricamente más cercano al mundo empresarial y favorable a la libre circulación, también recomienda el rechazo, pese a las tensiones internas que la cuestión migratoria genera entre sus bases.

El Consejo Federal (el ejecutivo colegiado de siete miembros que incluye a dos consejeros de la propia UDC) se pronuncia por unanimidad institucional en contra, con el argumento de que la iniciativa pondría en riesgo la cooperación con la UE, principal socio comercial del país, y dañaría la competitividad de un mercado laboral que depende del reclutamiento europeo, especialmente en sanidad, hostelería, construcción y alta tecnología.

Las encuestas: un Sí en retroceso

La fotografía demoscópica ha cambiado de tono en las últimas seis semanas. A finales de abril, el primer sondeo del gfs.bern para la SRG SSR dibujaba un empate técnico al 47%-47%, una situación inquietante para el Consejo Federal habida cuenta de que las iniciativas que arrancan tan al alza suelen llegar competitivas al día del voto. Sin embargo, los tres sondeos publicados entre finales de mayo y comienzos de junio coinciden en señalar una erosión clara del Sí y un avance simultáneo del No, en lo que los politólogos suizos describen como la «erosión del cambio»: ante la duda, el electorado helvético tiende a conservar el statu quo.

Los tres sondeos apuntan en la misma dirección: una caída de entre cuatro y cinco puntos en el apoyo a la iniciativa en apenas un mes, con el bloque del No consolidando una ventaja de entre cinco y ocho puntos a las puertas de la votación. La fractura sociológica es nítida: los votantes de la UDC respaldan masivamente el texto, mientras que la izquierda lo rechaza con la misma rotundidad. El centro liberal, decisivo en estos referendos, se inclina hacia el No, aunque con matices. Entre los suizos en el extranjero —que también votan— el rechazo asciende al 63%, un dato que el politólogo Lukas Golder atribuye a su exposición directa a los beneficios de la libre circulación.

Hay, no obstante, una variable que inquieta al campo del No: la movilización diferencial. La UDC tiene un electorado más fiel y más propenso a votar por correo en este tipo de citas; un descenso de la participación general jugaría a su favor. La doble mayoría exigida —de votantes y de cantones— añade otra capa de incertidumbre: incluso una victoria ajustada en porcentaje podría descarrilar si los cantones rurales y germanófonos se inclinan masivamente por el Sí.

El factor europeo: una espada de Damocles sobre los bilaterales

El subtexto de toda la campaña es, en realidad, otro: los acuerdos bilaterales con la UE. La aprobación de la iniciativa obligaría al Gobierno a renegociar la libre circulación de personas, lo que activaría la cláusula guillotina del paquete bilateral I de 1999, que vincula siete acuerdos —desde transporte terrestre hasta investigación— a la libre circulación. La caída en cascada de esos tratados es, en palabras del propio Consejo Federal, «un riesgo que la economía suiza no puede permitirse», especialmente cuando Berna y Bruselas acaban de cerrar la actualización de los bilaterales tras años de negociación.

No es casual que el campo del No haya recurrido a iconografía deliberadamente disuasoria —incluyendo carteles con la imagen de Donald Trump como advertencia del aislacionismo— para asociar la iniciativa a un giro geopolítico que la mayoría del electorado helvético sigue percibiendo con recelo. Para el SVP, por el contrario, el mensaje es justo el inverso: solo blindando el techo demográfico podrá Suiza preservar lo que llaman «la calidad de vida y la autonomía política» que han hecho prosperar al país.

La segunda papeleta: el servicio civil, una reforma a contracorriente

A la sombra de la iniciativa de los diez millones, los suizos votarán también una modificación de la Ley del Servicio Civil, sometida a referéndum tras la recogida de 57.000 firmas por una coalición de partidos y asociaciones de izquierda en enero. La reforma, aprobada por las Cámaras en septiembre de 2025 en plena guerra en Ucrania, busca endurecer el paso del servicio militar al civil con el objetivo declarado de revertir el déficit de efectivos del Ejército.

El texto pretende reducir las admisiones anuales al servicio civil de las actuales 6.600 a 4.000, prohíbe asignaciones que requieran formación médica para hacer el Ejército más atractivo al personal sanitario y refuerza obligaciones como el tiro obligatorio. La izquierda denuncia que se trata de un vaciamiento de facto de una alternativa que la ciudadanía ha venido respaldando masivamente —en noviembre de 2025, el electorado rechazó por un abrumador 84% sustituir el servicio militar masculino obligatorio por un servicio ciudadano más amplio—.

Los sondeos del gfs.bern dan por aprobada la reforma, aunque con menor estabilidad de opinión que en la iniciativa migratoria. La cuestión, aquí, es menos ideológica y más generacional: el voto joven y urbano se inclina hacia el No, mientras que el resto del cuerpo electoral acompaña al Gobierno y al Parlamento.