El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tomará declaración el próximo miércoles al ex director de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola José Antonio del Olmo para que, como había solicitado, comparezca como imputado antes de decidir si le otorga la protección que reclama como denunciante de las presuntas irregularidades en la contratación por parte de la empresa eléctrica al ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Fue el pasado mes de marzo cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 decidió citar a Del Olmo, que comparecerá a partir de las 11.00 horas. Tres días más tarde, el jueves, el magistrado escuchará como testigos a María José Sanz y Dolores Herrera, responsables de cumplimiento normativo de Iberdrola Renovables e Iberdrola, respectivamente.
El magistrado dio así un nuevo impulso a esta pieza separada número 17 de la macrocausa ‘Tándem’, en la que investiga los encargos ilícitos que Iberdrola habría hecho desde 2004 al grupo empresarial de Villarejo, CENYT. Por los sucesivos proyectos, el comisario se habría embolsado más de un millón de euros, de acuerdo con las facturas afloradas por la instrucción.
El antiguo ‘controller’ había pedido comparecer después de que el pasado mes febrero reclamara que se le aplique la directiva ‘whistleblowing’, una norma europea diseñada para proteger a quienes informan sobre infracciones del derecho de la UE, ante las “represalias” de Iberdrola.
García Castellón explica en su providencia que quiere escuchar a Del Olmo antes de decidir si le otorga o no tal protección, alineándose así con la Fiscalía Anticorrupción, que también ha postergado su informe sobre la directiva ‘whistleblowing’ a la declaración judicial del ex director de Control, según expone el Ministerio Público en un escrito del pasado martes, que también ha podido consultar esta agencia de noticias.
Fue el propio juez quien pidió a las partes que se pronunciaran sobre la pertinencia de aplicar a Del Olmo la directiva ‘whistleblowing’, teniendo en cuenta que “los presuntos encargos efectuados a Villarejo (…) podrían tener incidencia en materia de competencia, y por tanto, pudieran encuadrarse tangencialmente en un ámbito propio del derecho de la Unión” Europea.
Para la defensa de Del Olmo, “no cabe duda” de que la eléctrica “está acosando” a su antiguo ejecutivo por un informe que elaboró en diciembre de 2004 donde reflejaría presuntas irregularidades en relación con los trabajos de CENYT.
Esas “represalias” serían las acciones legales –penales, laborales y mercantiles–, que Iberdrola ha emprendido contra Del Olmo en distintos juzgados, por lo que instaba al magistrado a suspender todos estos procedimientos judiciales.
