Funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han notificado la tarde de este lunes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, la sentencia que le condena a un año y medio de inhabilitación, que ya es efectiva, han informado fuentes de la Presidencia.
La notificación personal, que avisa de que la Sala Civil y Penal ha abierto una pieza de ejecución de la sentencia, se ha hecho a las 16.30 horas después de notificarse a todos los representantes de las partes personadas en la causa, ha informado el TSJC.
Previamente, han ido llegando por separado al Palau de la Generalitat el conseller de Empresa y Conocimiento, Ramon Tremosa; el conseller de Territorio y Sosteniblidad, Damià Calvet, y el conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró.
La Sala Civil y Penal del TSJC ha dictado el auto que abre la ejecución de la sentencia que inhabilita a Quim Torra desde este lunes, tras recibir el pronunciamiento del Tribunal Supremo (TS) que confirma y hace efectiva, “desde hoy”, la pena de inhabilitación.
El auto ordena requerir personalmente a Torra “a fin de que se abstenga de ejercer o llevar a cabo actuaciones propias de los empleos y cargos públicos para los que ha sido inhabilitado, en particular el cargo de presidente de la Generalitat”.
COMUNICADO A PERE ARAGONÈS
En el auto la Sala declara firme la sentencia –que Torra podrá recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC), pero es aplicable desde la decisión del Supremo–, y ordena comunicarlo, además al secretario del Govern y al vicepresidente, Pere Aragonès, “a fin de que resulte activada la sustitución interna”.
Asimismo, la Sala acuerda comunicar la resolución al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, “acompañando en todos los casos testimonio de la sentencia recaída en firme”.
En principio, esta comunicación llevaría a la designación de Pere Aragonès como presidente interino, y dejaría en manos de Torrent la realización de consultas con los representantes parlamentarios en el plazo de diez días, para la propuesta de un nuevo candidato y, si no lo hubiera, la convocatoria de elecciones generales, que debería hacerse en un plazo máximo de meses (y celebrarse como mucho 54 días más tarde), lo que dejaría el calendario abierto desde finales del mes de enero hasta bien entrado febrero.
