U.P. vuelve a solicitar una comisión de investigación sobre Juan Carlos I

En el pasado, Unidas Podemos, que comparte el Gobierno con el PSOE, ha tratado de impulsar otras comisiones de investigación para tratar de fiscalizar las actividades de la Casa Real, y siempre han han sido rechazadas por la Mesa.

Ahora vuelve a presentar en el Congreso una nueva solicitud para crear una comisión de investigación, teniendo en cuenta los nuevos datos, en este caso centrados en el uso de las tarjetas opacas del rey emérito, que se han visto confirmadas tras haber abonado 678.393,72 euros para regularizar su situación fiscal, lo cual implicaría una defraudación por un importe de entre uno y dos millones de euros.

INDICIOS DE DELITO

En el texto que ahora se promueve, Unidas Podemos argumenta que la comisión de investigación se sustenta a raíz de la investigación de la Fiscalía, desde finales de 2019, sobre el uso de tarjetas opacas del rey emérito y de doña Sofía, que “habrían pagado abundantes cuantías de dinero” en gastos propios y de otros miembros de la familia real.

También ha recalcado que el uso de los fondos, presuntamente donados por un empresario mexicano amigo de Juan Carlos I, se produjeron tras su abdicación y se han cursado comisiones rogatorias por parte de la Justicia para localizar el origen de este dinero.

Ante estos indicios de delito fiscal por incrementos de rentas no declarados por Juan Carlos I, el grupo confederal ve necesario impulsar la fiscalización parlamentaria de estas presuntas irregularidades y determinar su alcance dentro de la familia real. A la espera del resultado de las comisiones rogatorias, Unidas Podemos constata que la labor de la Fiscalía apunta a indicios de delito fiscal, por incrementos de renta no declarados superiores a la cantidad de 120.000 euros en un solo ejercicio. Además, podrían ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, “si se acreditara el origen ilícito de este dinero”.

También asegura que la regularización fiscal de Juan Carlos I en esta semana supondría “la admisión de al menos una parte del fraude investigado por el Ministerio Público, y por ende, el reconocimiento de la comisión de un delito fiscal”.

ES UN TEMA DE INTERÉS PÚBLICO

Por tanto, la implicación de personas de “notoria relevancia pública, como lo es el ex jefe del Estado, en la presunta comisión de delitos es cuestión de “interés público que justifica una investigación parlamentaria”, y que a su juicio se ajusta al criterio que exige la Mesa en otras comisiones de investigación.