Denuncia laboral salpica a Lara Hernández

Al menos uno de los trabajadores vinculados con la denuncia que archivó Movimiento Sumar contra la excoordinadora Lara Hernández ha decidido acudir a la Inspección de Trabajo para que investigue un presunto caso de maltrato laboral.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, el pasado 3 de junio se registró una solicitud para que este organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo, iniciara diligencias con el objetivo de esclarecer si el trato recibido por parte de Hernández puede constituir un caso de acoso laboral.

La denuncia presentada hace referencia al grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, ya que la relación laboral del denunciante se desarrollaba en ese ámbito y fue allí donde, según sostiene, se produjeron los hechos denunciados. La persona que ha promovido la actuación de la Inspección desempeñaba funciones como asesora del grupo parlamentario.

Fuentes conocedoras del procedimiento han explicado a Europa Press que ya existen diligencias abiertas y un representante de la Inspección de Trabajo ha tomado declaración al denunciante, quien actualmente ya no forma parte de Sumar. Asimismo, indican que otros trabajadores podrían adherirse a la denuncia, aunque reconocen que este tipo de situaciones suelen ser difíciles de acreditar.

LARA HERNÁNDEZ: “TENGO LA CONCIENCIA TRANQUILA”

Por su parte, la excoordinadora general de Sumar ha asegurado a Europa Press que no ha recibido ninguna notificación sobre la apertura de un expediente por parte de la Inspección de Trabajo. No obstante, ha afirmado que colaborará con cualquier investigación y que estará “encantada de defenderse y demostrar su inocencia y honorabilidad allá donde sea”. Además, ha reiterado que tiene la “conciencia tranquila”.

El pasado miércoles, Lara Hernández anunció su salida de Movimiento Sumar después de que se archivara la investigación interna abierta mediante el protocolo antiacoso del partido por un supuesto trato vejatorio hacia varios trabajadores.

Durante su comparecencia pública explicó que la denuncia había sido presentada por seis cargos políticos y que el procedimiento quedó archivado el pasado 28 de junio después de que los empleados mencionados en el expediente desistieran de continuar con el proceso. En consecuencia, defendió su inocencia, denunció haber sido víctima de una “campaña de desprestigio brutal” y sostuvo que las acusaciones vertidas contra ella eran “calumnias” que se han demostrado “falsas”.

Sin embargo, otras fuentes indican que la comisión antiacoso de Movimiento Sumar comunicó a los trabajadores implicados que el expediente quedaba archivado exclusivamente por cuestiones procedimentales y que el órgano no emitía ninguna valoración sobre el fondo de los hechos denunciados.

NO HABÍA SUFICIENTES GARANTÍAS EN EL PROCESO

Al mismo tiempo, algunos de los empleados remitieron un escrito en el que manifestaban que la comisión interna de Movimiento Sumar “no presta las garantías suficientes”, motivo por el que retiraban el consentimiento para continuar con el procedimiento interno.

Según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, los trabajadores calificaban dicho órgano como un “espacio indolente”, denunciaban que no se protegía adecuadamente su anonimato y lamentaban que no se aceptara su petición de apartar cautelarmente a Lara Hernández mientras se resolvía el expediente. En ese contexto, varios de ellos anunciaron su intención de acudir a la Inspección de Trabajo, una vía que finalmente ya ha emprendido uno de los afectados.

Desde el entorno de la exdirigente de Sumar sostienen que todo este procedimiento responde a una finalidad política. Señalan a la portavoz parlamentaria Verónica Martínez Barbero como impulsora de la estrategia y consideran que el objetivo era desacreditar a Hernández y dificultar un acuerdo para una nueva dirección de consenso dentro del partido.

La crisis interna continúa abierta a las puertas de la asamblea de Movimiento Sumar, donde se ha presentado una única candidatura en la que no figuran personas afines a la excoordinadora y de la que desaparecen algunos de los principales cargos de la formación.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se mantiene como principal referente político del espacio, mientras que la dirección orgánica del partido recaerá en la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, y en la secretaria de Estado Rosa Martínez.