La mayoría de los grupos parlamentarios del Senado se han posicionado en contra de la moción presentada por Ciudadanos para acabar con el “privilegio” de los aforamientos políticos, ya sea por considerar que es solo un “parche” y debería abarcar otros aforamientos o por entender que no es el momento adecuado para abordar una reforma constitucional.
La moción, presentada el pasado 14 de octubre para su debate en sesión plenaria, insta al Gobierno a reformar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución para eliminar los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo; y a las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas, a modificar sus respectivos estatutos para acabar con el aforamiento de sus diputados y de los integrantes de los gobiernos regionales.
Los ‘naranjas’ argumentan que el aforamiento es un “privilegio” que se sustancia en una quiebra del principio de igualdad ante la ley y en el derecho al juez natural y que, en el caso de los aforamientos políticos, “genera dudas sobre la imparcialidad e independencia del Poder Judicial”. Además, sostienen que en España hay demasiados aforados políticos –más de 2.000– frente a los diez de Francia, uno en Portugal e Italia, o ninguno en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. “Se trata, pues, de una anomalía universal”, dicen.
La portavoz de Cs en el Senado, Lorena Roldán, ha defendido igualmente durante la sesión plenaria de este miércoles que se trata de “un trato de favor que, además de ser injustificado, lo que hace es acrecentar la distancia entre representantes y representados”, y en este sentido ha recordado recientes encuestas que reflejan que “los ciudadanos perciben a los políticos como un problema”.
Roldán solo ha recabado el apoyo explícito de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, que ha valorado la moción como una forma de profundizar “un principio fundamental en un Estado democrático, que es la igualdad de los ciudadanos ante la ley”, si bien ha propuesto una enmienda para que la reforma constitucional se haga de manera “inmediata”, la única enmienda aceptada.
Desde el PP, la senadora Teresa Martín, ha justificado su abstención alegando que “en la actualidad no se da el clima político que se necesita” para abordar una reforma constitucional. En su opinión, ahora hay que centrarse en la lucha contra el coronavirus y la reconstrucción posterior y en que hay “un Gobierno con una deriva autoritaria” que intenta “acabar por la puerta de atrás el régimen del 78”.
Desde el grupo socialista, Estefanía Martín, ha coincidido con Roldán en que “los aforamientos son una figura anacrónica, anómala e injusta” que genera un sentimiento entre la ciudadanía de “desigualdad ante la justicia”. No obstante, ha invitado a Ciudadanos sumarse a la propuesta que hicieron el PSOE y el propio Pedro Sánchez en su momento para una supresión limitada de los aforamientos políticos, de modo que solo se mantengan para los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.
Otros grupos de la cámara han reprochado a Ciudadanos que, de los más de 250.000 aforamientos que hay en España, de los cuales más de 2.000 corresponden a políticos, solo proponga eliminar estos últimos, para oponerse a la medida.
