Después de que pareciera que la inviolabilidad que la Constitución garantiza al monarca en el ejercicio de sus funciones, iba a salvar al rey emérito de asumir responsabilidades por sus actuaciones durante su reinado, y de que la fiscalía renunciase a seguir con las acusaciones, la situación ha dado un gran vuelco en las últimas dos semanas, al aparecer nuevos indicios que se refieren a hechos posteriores a la abdicación, producida en junio de 2014.
Hoy se ha sabido, gracias a las informaciones facilitadas por la propia fiscalía, que además de las dos diligencias ya abiertas a Juan Carlos I, se abre una tercera vía de investigación: el blanqueo de capitales. Así se ha explicado en un encuentro con periodistas por parte de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón.
Las diligencias se abrirán en el Tribunal Supremo, y se unirán a las otras dos ya existentes, por las comisiones del AVE a La Meca y por el uso de tarjetas opacas y la percepción de donaciones de un empresario mexicano no declaradas fiscalmente.
La situación procesal de las investigaciones abiertas es muy diferente. Mientras que las relativas al AVE a La Meca probablemente se archivarán, pues son anteriores a la abdicación, las relativas al dinero percibido del millonario mexicano Allen Sanginés-Krause están más avanzadas y apuntan hacia el delito fiscal, mientras que las que se acaban de abrir por blanqueo de capitales aún están en sus inicios, de manera que no se sabe el alcance que podrá tener.
