El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido investigar al inspector de la Policía Nacional Bonifacio Díaz Sevillano, citándolo a declarar como imputado el próximo 6 de junio a las 10:15 horas, en el marco de la causa que indaga en las presuntas investigaciones prospectivas y sin control judicial realizadas sobre varios cargos de Podemos.
La decisión se produce tras las declaraciones de los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Ochoa Alvarado, quienes afirmaron que altos funcionarios policiales, incluido Díaz Sevillano, les solicitaron información sobre miembros de Podemos, proporcionándoles incluso fichas policiales para su identificación.
El juez ha denegado la petición de Podemos de imputar a Villalobos y Ochoa Alvarado, al considerar que no existen indicios suficientes para tomarles declaración como investigados.
Asimismo, Pedraz ha rechazado citar al exjefe de Información de la Policía, Germán Rodríguez, ya que ya ha declarado como investigado, y ha denegado la solicitud de reclamar la relación de todos los viajes de los investigados a Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana o Colombia entre 2014 y 2016, al considerar que dicha diligencia sería prospectiva.
Entre las diligencias pendientes, está previsto que el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas, declare como testigo el próximo 4 de junio a las 10:30 horas.
Hace más de un año que el juez admitió la querella presentada por Podemos por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
En su escrito, Podemos aseguraba que los querellados realizaban investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre los miembros del partido, con el objetivo de filtrar dicha información a los medios de comunicación para desprestigiar a la formación.
Este modo de operar, según la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA o la manipulación de documentos policiales para dotar de apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.
