El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha asumido la investigación sobre el presunto uso irregular de 53 millones de euros que el Gobierno concedió como rescate en pandemia a la aerolínea Plus Ultra y el presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.
Según ha informado el tribunal, el magistrado ha aceptado la competencia para instruir la causa en un auto en el que acuerda que la misma siga bajo secreto. El titular de la Plaza 4 del Tribunal Central de Instancia ha reclamado además al juzgado de Madrid que investigaba hasta ahora el procedimiento que le remita todas las actuaciones.
Cabe destacar que Calama investigará el caso actuando como titular de la Plaza 2, donde se instruye la causa, después de que su compañero, el juez Ismael Moreno, se abstuviera en 2024. Fue entonces cuando Calama rechazó admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso, al entender que no era competente y derivarla al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que fue el órgano que investigó el rescate de la aerolínea y que finalmente acordó su archivo.
La jueza de Plaza de Castilla, que decidió inhibirse mientras la causa continúa bajo secreto, fue quien ordenó el pasado mes de diciembre la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; del consejero delegado, Roberto Roselli; y del empresario Julio Martínez Martínez, en el marco de estas diligencias.
Según fuentes jurídicas, ese juzgado venía indagando en los hechos denunciados por Anticorrupción, pero no únicamente en ese extremo. La Fiscalía denunció el “uso indebido” de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, asegurando que el dinero “se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva”.
La denuncia fue presentada contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales. En ella se apuntaba a la existencia de una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España, que habría articulado una operativa internacional para canalizar y ocultar fondos.
La constituirían —según explicaba la Audiencia Nacional en un auto al que tuvo acceso esta agencia de noticias— “personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español”, y estaría “dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados”. La investigación trata de determinar el alcance de esa estructura y su posible conexión con el rescate público concedido a la aerolínea.
Según la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de “muy alta cuantía”, concretamente de fondos públicos vinculados a los programas CLAP, impulsados por el Gobierno venezolano para el reparto de alimentos básicos subsidiados, así como de operaciones relacionadas con ventas de oro del Banco de Venezuela.
En este contexto, el Ministerio Público sostiene que la sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de presuntos contratos de préstamo suscritos con tres sociedades vinculadas a la supuesta organización criminal, implicadas en las mencionadas ventas de oro. Esos contratos darían cobertura a devoluciones realizadas por la aerolínea española en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, mediante transferencias a cuentas en el extranjero pertenecientes a sociedades que formarían parte de la trama investigada.
Anticorrupción también aludía a las “conexiones” de la presunta organización con clientes que se habrían servido de sus servicios y sobre los que existirían investigaciones policiales y judiciales en curso. La denuncia incidía en la actuación de varias personas, en algunos casos a través de sociedades mercantiles, para recibir cantidades de dinero procedentes del extranjero con el objetivo de adquirir bienes inmuebles, así como en la formalización de contratos de préstamo a favor de Plus Ultra que fueron posteriormente reembolsados en su totalidad.
Asimismo, se mencionaba la venta de oro por importe aproximado de 30 millones de euros a una sociedad radicada en Emiratos Árabes Unidos por parte de la entidad que habría concedido los préstamos. También se recogía la remisión de cantidades por esa misma sociedad a otra empresa a través de una cuenta en Panamá y la posible utilización de la venta de relojes de lujo como instrumento para las actividades de blanqueo investigadas.
Con la asunción formal de la competencia por parte del magistrado José Luis Calama, la Audiencia Nacional centraliza ahora la instrucción de una causa que continúa bajo secreto y que analiza tanto el destino de los fondos públicos del rescate concedido en 2021 como la eventual existencia de una estructura internacional dedicada al blanqueo de capitales.
