El juez Juan Carlos Peinado ha citado este miércoles a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que entregue su pasaporte, una de las medidas cautelares acordadas por el instructor tras decidir la apertura de juicio con jurado popular.
Según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, Peinado ha fijado para las 18.00 horas la comparecencia de Begoña Gómez y de su asesora Cristina Álvarez, a quienes impuso idénticas medidas cautelares dentro de la causa.
El magistrado señala que ambas deberán hacer “entrega del pasaporte expedido a su nombre” y comunicar si disponen de algún otro documento de viaje distinto al español ordinario, ya sea diplomático o correspondiente a otra nacionalidad.
El instructor atribuye a Gómez y a Álvarez presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Estas acusaciones forman parte de la causa que también afecta al empresario Juan Carlos Barrabés.
Las medidas cautelares acordadas por el juez incluyen, además de la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial. Según recoge el auto, estas restricciones permanecerán vigentes durante toda la tramitación del procedimiento y hasta que exista una resolución firme.
Peinado adoptó esta decisión después de la audiencia preliminar celebrada en los juzgados de Plaza de Castilla, donde las acusaciones populares encabezadas por Hazte Oír solicitaron la imposición de medidas cautelares. La organización reclama 24 años de prisión para Gómez, 22 para Cristina Álvarez y seis para Barrabés.
El magistrado acordó la retirada de cuantos pasaportes pudieran tener los acusados, independientemente de su nacionalidad y de si se trata de documentos ordinarios o diplomáticos, estableciendo además la prohibición expresa de obtener nuevos pasaportes mientras permanezcan vigentes las medidas.
Asimismo, ordenó la prohibición de salida de España, disponiendo que se comunique la medida a los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares para garantizar su cumplimiento. También estableció la obligación de realizar presentaciones periódicas en sede judicial, pudiendo efectuarse una comparecencia cada dos semanas.
Uno de los aspectos más controvertidos del auto es la referencia del juez a una eventual colaboración de los escoltas policiales en una hipotética fuga. Peinado respondió así a los argumentos de la defensa de Gómez, que sostenía que su condición de esposa del presidente del Gobierno hacía inviable cualquier riesgo de sustracción a la acción de la justicia.
Para el instructor, no puede descartarse que agentes encargados de su protección pudieran colaborar en una eventual huida, ya fuera por iniciativa propia o siguiendo instrucciones de superiores. Además, añadió que la condición de presidente del Gobierno de Pedro Sánchez es temporal y que la protección policial asociada podría desaparecer en el futuro, circunstancia que, a su juicio, facilitaría una eventual fuga.
Estas afirmaciones han generado una importante polémica institucional y han motivado que el Consejo General del Poder Judicial estudie la posibilidad de promover un expediente disciplinario contra el magistrado por las consideraciones realizadas sobre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
