El juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ha abierto juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González y otras 14 personas, entre las que figuran antiguos directivos de la entidad y mandos policiales, por una serie de presuntos encargos ilegales realizados al comisario José Manuel Villarejo entre los años 2004 y 2016.
El auto de apertura de juicio oral, correspondiente a la pieza 9 de la macrocausa ‘Tándem’, que investiga las actividades privadas de Villarejo, envía al BBVA a juicio por presuntos delitos de cohecho y otros 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, según la resolución recogida por Europa Press.
En cuanto a Francisco González, el magistrado acuerda sentarlo en el banquillo por supuestos delitos de cohecho activo y pasivo, 42 presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental.
Por su parte, José Manuel Villarejo será juzgado por 42 presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho activo y pasivo propio, integración en organización criminal y falsedad de documento mercantil.
El juez ha fijado una fianza conjunta de 1,17 millones de euros para garantizar las responsabilidades civiles de los acusados. En caso de no depositar dicha cantidad en el plazo de tres días, se procederá al embargo de sus bienes.
Los abogados de las defensas dispondrán ahora de diez días para presentar sus escritos de defensa y proponer las pruebas que estimen oportunas antes de la celebración del juicio.
La Fiscalía solicita un total de 173 años de prisión para Francisco González y 174 años para José Manuel Villarejo, además de reclamar una multa de 181 millones de euros para el BBVA.
La Audiencia Nacional ya confirmó el pasado 20 de febrero el procesamiento del banco, de su expresidente y de varios exdirectivos por estos mismos hechos investigados.
Respecto a Francisco González, la Sala Tercera de la Audiencia Nacional consideró que algunos de los contratos suscritos con CENYT, el grupo empresarial de Villarejo, fueron autorizados por el entonces presidente del BBVA, quien, según la resolución, ya conocía la identidad de la empresa y sus métodos de investigación a raíz de contratos anteriores.
Fue en junio de 2024 cuando el entonces juez instructor, Manuel García Castellón, propuso juzgar al BBVA, a Francisco González, a Villarejo y a otros investigados por delitos relacionados con el descubrimiento y revelación de secretos.
En un auto de 268 páginas, el instructor situó el origen de los hechos en la contratación en 2002 del excomisario Julio Corrochano por parte del BBVA. Según el juez, esa incorporación contó con la aprobación expresa de Francisco González y permitió establecer un enlace entre la entidad y antiguos mandos policiales, entre ellos Villarejo y el exresponsable de la Unidad Central de Apoyo Operativa (UCAO), Enrique García Castaño.
La resolución sostiene que Villarejo aprovechó su posición dentro de la Policía Nacional para desarrollar una estructura empresarial privada con la que obtenía beneficios utilizando información y recursos derivados de su cargo.
Según el instructor, Corrochano trasladó a Francisco González la existencia del Grupo CENYT como un recurso “anómalo e ilegal”, garantizando al mismo tiempo la máxima discreción y opacidad si el banco recurría a sus servicios.
El juez añade que, ante la ausencia de mecanismos internos de supervisión sobre las decisiones ejecutivas, se autorizó que únicamente un reducido grupo de altos directivos conociera estas contrataciones.
Los contratos firmados con CENYT dieron lugar a proyectos de inteligencia que incluían seguimientos, intervenciones de tráfico de llamadas, consultas de bases de datos y averiguaciones patrimoniales sobre empresarios, abogados, periodistas y otras personas.
Tras conocerse la apertura del juicio oral, fuentes del BBVA reiteraron que la entidad mantiene que los hechos investigados no generan responsabilidad penal para el banco.
