California demanda al Gobierno Federal por despliegue no autorizado de la Guardia Nacional

El 9 de junio de 2025, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que el estado presentará una demanda contra la administración de Donald Trump por el despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles para abordar protestas contra operativos de inmigración, sin la autorización del estado. Esta acción sin precedentes ha desatado una intensa confrontación legal y política, generando preocupaciones sobre la soberanía estatal, el abuso de poder federal y la posible erosión de las normas democráticas en Estados Unidos.

Un Conflicto por Inmigración y Derechos Estatales

El conflicto tiene su origen en la decisión del presidente Donald Trump de federalizar la Guardia Nacional de California bajo el Título 10, Sección 12406 del Código de los Estados Unidos, que permite al presidente movilizar unidades de la Guardia Nacional en casos de invasión, rebelión o cuando las leyes federales no puedan ejecutarse con las fuerzas regulares. El despliegue se ordenó en respuesta a protestas en Los Ángeles, particularmente en la ciudad de Paramount, de mayoría latina, donde manifestantes se enfrentaron a autoridades federales de inmigración tras una serie de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estas redadas, que resultaron en más de 100 detenciones, incluyeron a figuras prominentes como David Huerta, presidente del SEIU de California, cuya detención galvanizó a los demócratas estatales.

El memorando de Trump, emitido el 7 de junio de 2025, describió las protestas como una “forma de rebelión” contra la autoridad federal, justificando el despliegue para proteger a los agentes de ICE y propiedades federales. Sin embargo, las autoridades de California, incluidos Newsom y el fiscal general Rob Bonta, argumentan que las protestas, aunque tensas, eran manejables por las fuerzas locales y no constituían una rebelión ni justificaban la intervención federal. Newsom calificó el despliegue como “ilegal, inmoral e inconstitucional”, acusando a Trump de fabricar una crisis para consolidar poder y avivar tensiones con fines políticos.

Bases Legales de la Demanda

La demanda de California, anunciada por Bonta y Newsom, sostiene que la federalización de la Guardia Nacional sin el consentimiento del gobernador viola tanto la ley federal como la Décima Enmienda, que reserva los poderes no delegados al gobierno federal a los estados. El estado argumenta que el Título 10 requiere coordinación con los gobernadores para tales despliegues, un paso que la administración Trump ignoró. Este es el primer caso desde 1965—cuando el presidente Lyndon B. Johnson desplegó tropas para proteger a los manifestantes de derechos civiles en Alabama—en que un presidente activa la Guardia Nacional de un estado sin la aprobación del gobernador.

Expertos legales, como Elizabeth Goitein del Brennan Center for Justice y Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de UC Berkeley, han calificado la acción como “alarmante” y un posible abuso de poder. Argumentan que las protestas, aunque disruptivas, no cumplen con el umbral de una “rebelión” según el Título 10, y que el despliegue pone en riesgo la politización de las fuerzas armadas y la supresión de los derechos de libertad de expresión y reunión protegidos por la Primera Enmienda. La Ley Posse Comitatus de 1878 complica aún más la situación, ya que prohíbe a las fuerzas militares federales participar en actividades de aplicación de la ley civil, limitando el rol de la Guardia Nacional a proteger a agentes federales y propiedades, no a arrestar manifestantes.

Escalada de Tensiones: Amenazas de Arresto

El conflicto ha tomado un giro provocador con declaraciones de Trump y su “zar de la frontera”, Tom Homan. El 8 de junio, Homan sugirió que cualquiera que obstruya la aplicación de las leyes de inmigración, incluido Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, podría enfrentar arresto por interferencia grave con la aplicación de la ley. Trump intensificó la retórica el 9 de junio, afirmando que apoyaría el arresto de Newsom, calificando al gobernador de “gravemente incompetente” y acusándolo de permitir que “extranjeros criminales” deambulen por las calles de California. Newsom respondió desafiante, retando a Homan a “arrestarme” y calificando los comentarios de Trump como un “paso inconfundible hacia el autoritarismo”.

El fiscal general Rob Bonta desestimó las amenazas de arresto como “fanfarronadas”, enfatizando que las acciones de Newsom son legales y están destinadas a proteger a los californianos. El intercambio ha avivado los temores entre demócratas y defensores de las libertades civiles de que la administración Trump esté probando los límites del poder ejecutivo, estableciendo potencialmente un precedente para desplegar fuerzas federales en otros estados para reprimir la disidencia.