La provincia canadiense de Alberta vuelve a situarse en el centro del debate político nacional tras el anuncio de un referéndum no vinculante sobre su futuro dentro de Canadá. La primera ministra provincial, Danielle Smith, confirmó que el Gobierno regional celebrará en octubre de 2026 una consulta para medir el apoyo ciudadano a iniciar el proceso constitucional que permitiría convocar un futuro referéndum vinculante de independencia.
Aunque Smith ha reiterado que personalmente defiende que Alberta permanezca en Canadá, el auge del movimiento separatista ha aumentado la presión interna dentro del Partido Conservador Unido (UCP) y entre sectores nacionalistas de la provincia. Alberta, uno de los motores energéticos y petroleros del país, mantiene desde hace años fuertes tensiones con el Gobierno federal de Ottawa, especialmente por las políticas medioambientales impulsadas durante la etapa de Justin Trudeau.
El movimiento independentista logró recientemente reunir más de 300.000 firmas para reclamar una consulta soberanista, muy por encima del umbral legal exigido. Sin embargo, los tribunales canadienses bloquearon inicialmente la iniciativa al considerar que no se había consultado adecuadamente a comunidades indígenas afectadas por un eventual proceso de secesión.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha reaccionado intentando rebajar la tensión y defendiendo la importancia estratégica de Alberta para la unidad nacional. Carney ha evitado confrontar directamente con Smith, apostando por una estrategia de cooperación económica y energética con la provincia.
Pese al creciente ruido político, las encuestas siguen mostrando que la mayoría de los ciudadanos de Alberta no apoyan actualmente la independencia. No obstante, el debate ha reabierto una de las mayores cuestiones territoriales de Canadá desde los referéndums soberanistas de Quebec en 1980 y 1995.
