El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros una reforma para desligar el mandato del fiscal general del Estado (FGE) del de la legislatura, con el fin de “reforzar la independencia del Ministerio Fiscal” y responder a las “reiteradas recomendaciones” de la Comisión Europea y del Consejo de Europa, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.
En concreto, el mandato del FGE será de cinco años y dejará de coincidir con el del Ejecutivo. Además, no será renovable, salvo que el titular haya ocupado el cargo menos de un año, y en el caso de cese anticipado, el nuevo jefe de la Fiscalía completará el tiempo restante del mandato anterior.
Para evitar ceses discrecionales, el Gobierno solo podrá apartar al FGE por “incumplimiento grave o reiterado de sus funciones” y previo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Asimismo, se prohibirá que el FGE comparezca ante el Consejo de Ministros, y cualquier comunicación entre este y el Ejecutivo “deberá constar por escrito y ser publicada”.
Según esas mismas fuentes, la reforma también otorga “mayor autonomía funcional” al Ministerio Público, ya que el nombramiento, ascenso y régimen disciplinario de los principales fiscales pasarán a ser competencia del FGE, en lugar del Gobierno.
La Junta de Fiscales de Sala podrá imponer su criterio al del fiscal general si logra una mayoría cualificada de tres quintas partes.
En materia de transparencia, se establece que las asociaciones de fiscales “no podrán recibir financiación privada ni de gobiernos u organismos extranjeros”. Además, estas deberán inscribirse en un registro oficial que dependerá de la Fiscalía General del Estado.
