La modificación del Código Penal con la Ley de Multirreincidencia, que condena a entre uno y tres años de prisión a quien haya sido condenado firmemente por más de tres hurtos o delitos menos graves, entrará en vigor mañana viernes tras ser aprobada en el Congreso con los votos favorables de PSOE, PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.
La iniciativa, presentada por la formación liderada por Carles Puigdemont en 2024, salió adelante el pasado 26 de marzo con el respaldo de la oposición, después de permanecer durante meses paralizada hasta que en marzo de 2025 se registraron las enmiendas parciales y, a mediados de febrero del año siguiente, se llevó a debate en el Congreso para su posterior votación.
Entre las primeras enmiendas y la votación final, la reforma quedó bloqueada por la falta de consenso entre los socios del Gobierno, pero la ruptura del diálogo con el Ejecutivo anunciada por Junts llevó al PSOE a reactivarla. En apenas una semana, la Comisión de Justicia dio luz verde a esta reforma legislativa.
Por su parte, los socios minoritarios del Gobierno, Sumar, junto a otros aliados habituales en el Congreso como Bildu, Podemos, BNG y Compromís, han mostrado su rechazo a la reforma, mientras que ERC optó por la abstención durante la votación.
Durante su tramitación, PSOE y Junts acordaron endurecer las penas para determinados delitos, incluyendo hasta tres años de prisión por el robo de teléfonos móviles, además de reforzar el castigo en casos de estafa.
Tras su paso por el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, se aprobaron definitivamente varias enmiendas. Entre ellas, la que establece penas de seis a 18 meses de prisión o multas de uno a dos años para quienes defrauden energía destinada al cultivo de marihuana, así como la que contempla penas de entre tres y cinco años por el denominado ‘petaqueo’, relacionado con el suministro de combustible a narcolanchas.
No obstante, se vetó una propuesta del PP que planteaba ampliar las plazas de fiscales en función de la población, al considerar el Gobierno que suponía un incremento del gasto público. Este veto impidió que la iniciativa llegara a votarse en el Congreso.
El Ejecutivo justificó esta decisión argumentando que algunas enmiendas implicaban un coste elevado. En el caso de la relativa a extranjería, se estimó la necesidad de crear 400 plazas adicionales de funcionarios con un coste medio de 42.000 euros, lo que supondría un incremento de 16,78 millones de euros. Asimismo, la propuesta de ampliación de fiscales implicaría la creación de 491 nuevas plazas, con un coste estimado de 53,79 millones de euros.
El veto fue respaldado por la mayoría parlamentaria del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso, avalando la capacidad del Gobierno para frenar iniciativas con impacto presupuestario.
